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La familia de Ana María, que murió por no recibir los tratamientos médicos correspondientes, pidió al Estado provincial un resarcimiento integral
Ana María Acevedo tenía 20 años cuando murió en 2007, porque seis médicos santafesinos, cuatro de ellos del Hospital Iturraspe, se rehusaron a realizarle un aborto terapéutico necesario para que pudiera recibir un tratamiento de radioterapia para combatir un severo cáncer de mandíbula que le habían detectado casi un año antes. Sus tres pequeños hijos quedaron sin mamá y a cargo de sus padres, en la ciudad de Vera, y ella fue forzada a transitar una dolorosísima agonía, aun cuando en la Argentina no es punible el aborto cuando peligra la vida o la salud de la mujer.
El resultado fue una cesárea realizada el 26 de abril de 2007, a las 22 semanas de gestación, de la que nació una beba que solo vivió 24 horas. Ana María falleció menos de un mes después, el 17 de mayo de 2007
En el mes de junio pasado, se reactivó la causa penal que investiga la responsabilidad de esos seis profesionales de la salud, pero además, en paralelo, la familia de la joven –acompañados por la Multisectorial de Mujeres– le reclamaron al gobierno provincial una reparación civil.
Dictamen y reconocimiento
La presentación fue hecha el 6 de agosto del año pasado en la Casa Gris ante el fiscal de Estado, Juan Pablo Saccone, quien confirmó que hoy dará a conocer su dictamen sobre el mérito que tiene la familia para recibir una indemnización.
Mientras esperan la respuesta de Saccone, la Multisectorial de Mujeres convocó para hoy a las 12.30 a participar de un acto con motivo del reconocimiento posmortem de los derechos ciudadanos de Ana María Acevedo, por parte del Estado provincial. El encuentro será en la Plaza Ana María Acevedo, ubicada en avenida Freyre y bulevar Pellegrini.
La causa penal
El 24 de junio pasado se debatió en los tribunales santafesinos la acusación contra seis médicos santafesinos por haber omitido –en forma deliberada y mancomunada– brindar el tratamiento correspondiente a Ana María Acevedo. Los seis profesionales llegaron a la audiencia procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa resolución sentó el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito.
En la audiencia, presidida por los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Jaquelina Balangione y Oscar Burtnik, se cuestionó la requisitoria de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Stegmayer.
En ese escrito se acusó al exdirector del Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicio de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real”; y a los médicos Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del mismo hospital; Sandra Barbieri, directora del hospital Samco de la localidad santafesina de Vera, y José Manuel García, presidente del Consejo de Administración de ese centro de salud, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para evitar que el caso llegue a la instancia de juicio, los defensores atacaron la acusación de la fiscalía con el argumento de que como se formuló casi la misma atribución para todos los imputados, no queda claro cuál fue la responsabilidad de cada uno en el hecho y que por lo tanto se lesiona su derecho de defensa.
El juez Néstor Troncoso, el 27 de octubre del 2014, a pedido de los defensores, declaró nula la requisitoria de elevación a juicio que realizó la fiscalía y con su decisión, determinó que no se seguiría adelante con el juicio. La fiscalía apeló esa resolución de Troncoso y esa queja es lo que ahora está en debate. Se estima que en las próximas semanas también debería conocerse el fallo de los camaristas sobre si se prosigue o no con la acusación.
Para la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que interviene como actor civil en la causa, en representación de Norma Cuevas y Haroldo Acevedo, los padres de Ana María, esta queja se trata de una nueva maniobra dilatoria: “Es un argumento absolutamente inconsistente. A principios del año pasado esta causa estaba lista para ir a sentencia y con estas apelaciones retardan esa decisión”, opinó en diálogo con Diario UNO la abogada Paula Condrac.
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