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Los abajo firmantes, magistrados de los Colegios de Jueces Penales de los Distritos Judiciales Nro. 4, 13 y 17 del Poder Judicial de Santa Fe, ante los hechos que son de público y notorio conocimiento, manifiestan su preocupación por las declaraciones públicas vertidas por funcionarios que tienen altas competencias y responsabilidades como actores judiciales del Nuevo Sistema Procesal Penal.
Dichas declaraciones reproducidas concienzudamente en medios de comunicación, y mediante las cuales se pretende atacar o mellar la independencia y la imparcialidad de los jueces, se encuentran en franca contradicción a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 13.018 de Organización de los Tribunales Penales, la que claramente menciona que el Juez debe ejercer sus funciones libre de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia política, social, económica, de amistad, por grupos de presión, por el clamor público, por el miedo a la crítica, o por consideraciones de popularidad o notoriedad.
Cabe dejar absolutamente claro, que las manifestaciones a las que se alude, propenden a cercenar derechos constitucionalmente garantizados, máxime cuando a sabiendas de que la mediatización tergiversada de determinados actos jurídicos procesales -como se ha observado en algunos casos resonantes y de alta sensibilidad social-, se presentan como ciertos e incuestionables, y hacen a la construcción del denominado “proceso paralelo”, que en tantísimos casos se aleja de la Constitución, sus principios y garantías.
La tarea jurisdiccional que nos toca realizar, se enmarca en un Sistema Penal Acusatorio y contradictorio en el cual los jueces resuelven conforme lo alegado y probado por las partes en las audiencias respectivas, sin perjuicio, de que nuestras decisiones y conductas, puedan ser revisadas por un tribunal superior y en su caso por la Corte Suprema Provincial y/o Federal.
Por ello, es que los Jueces Penales firmantes sostenemos que, conductas y manifestaciones como las descriptas, en tanto tienden a perturbar la indispensable independencia de los jueces, nos llevan a reafirmar nuestro ineludible compromiso para arbitrar todas las competencias a nuestro cargo, en orden a garantizar la debida prestación del servicio de justicia, de acuerdo con la Constitución y las Leyes en el marco del debido respeto al Sistema Republicano y Democrático de Gobierno.
Vera, 7 de julio de 2016.
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