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Al mismo tiempo que negoció un compromiso con los privados para evitar que sigan echando gente y mientras se discute la emergencia ocupacional en el Congreso, Macri avanza con más desvinculaciones en el Estado.
Al mismo tiempo que negoció un compromiso con el sector privado para evitar despidos durante tres meses, en los últimos días comenzaron a enviar los primeros telegramas. Los afectados son todos los empleados contratados entre el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, periodo en el cual el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, perdió el control del registro. De este modo, el gobierno nacional continúa despidiendo gente.
En las cartas documento que empezó a enviar el Renatea se le comunica a cada empleado que “la relación de trabajo que lo uniera con este organismo queda sin efecto prescindiendo de vuestros servicios”. A continuación se lo emplaza a concurrir al organismo “al efecto de proceder a la celebración del Acuerdo Individual de Desvinculación y poder hacer efectiva la indemnización convenida con UPCN (…) bajo el apercibimiento de que frente a su silencio o incomparecencia se considerará sin aplicación a vuestro caso el acta acuerdo”. De este modo, se busca disfrazar los despidos con acuerdos voluntarios bajo amenaza de que si no aceptan no obtendrán la indemnización en un contexto económico muy difícil y ya sin empleo. La cartas están firmadas por Ernesto Ramón Ayala, Subdirector General a cargo de la dirección general del Renatea y hombre de extrema confianza de Venegas.
El convenio colectivo anulado de manera inédita ,establece que los trabajadores son parte de la planta permanente. Por lo tanto, si un área se disuelve el Estado tiene la obligación de reubicarlos, lo cual no está ocurriendo. En este escenario, los trabajadores están en condiciones de demandar al Estado y probablemente obtengan un fallo a su favor en la Justicia, pero si firman ese “Acuerdo Individual de Desvinculación” terminarían convalidando de alguna manera la irregularidad que se está cometiendo y reduciendo también las posibilidades de éxito en un eventual litigio.
La poda que se está realizando en el Renatea es tan brutal que en el mismo convenio se aclara que el organismo “se reserva el derecho de postergar la desvinculación del personal que, por razones de necesidad o gestión, desempeñare laborales en cualquier ámbito de sus dependencias con el objeto de no interrumpir la prestación de los servicios de seguridad social que brinda el organismo”. En otras palabras, son tantos los que quedaron en condiciones de ser despedidos que el normal funcionamiento del Renatea correría peligro si se los echa a todos juntos.
La decisión de dejar en la calle a los trabajadores forma parte del plan de desmantelamiento que comenzó hace unos meses cuando se decidió frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. Además, se dejó de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil y se disolvió el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural.
Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP y a fines del año pasado esa cifra había trepado al 84 por ciento.
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