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Se trata del hombre acusado de abusar sexualmente de su propia hija en Vera. El viernes fue imputado por privación ilegítima de la libertad y amenazas, a raíz del ingreso de su víctima a la celda en la que estaba detenido en la alcaidía verense.
El juez también impuso una medida cautelar inédita solicitada por el MPA que consiste en la prohibición de acercamiento y de comunicación de Díaz con el resto de los coimputados y con quienes fueran sus defensores oficiales.
Manuel Alcides Díaz sumó una nueva imputación. A las que ya pesan sobre él por los presuntos abusos sexuales con acceso carnal de su propia hija, el empleado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) fue imputado el pasado viernes por su autoría de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva, triplemente agravada, y también agravada por la intervención de una menor de edad, en concurso real con amenazas coactivas. El juez de la Investigación Penal Preparatoria que lo resolvió fue Mauricio Martelossi.
La nueva imputación fue solicitada por los fiscales Aldo Gerosa, Leandro Benegas y Martín Gauna Chapero a raíz de lo ocurrido el 16 de septiembre en la alcaidía de la ciudad de Vera. En esa oportunidad, la menor G.D. –hija de Díaz– fue llevada mediante engaño por su abuela, por su tía y por su hermana mayor a la celda en la que estaba su padre acusado, imputado y privado de su libertad preventivamente por haberla violado en al menos dos oportunidades.
Además, los fiscales del MPA solicitaron una medida cautelar inédita con el objetivo de evitar que se entorpezca la investigación. La medida consiste en prohibirle a Díaz el acercamiento y la comunicación con el resto de los coimputados en la investigación: su madre; su hermana; cuatro de los sietes agentes policiales de Vera; y los defensores oficiales del SPPDP, José Luis Estévez (h) y Fabiana Pierini.
Demoras
La realización de la audiencia imputativa a Díaz estaba prevista para el jueves a la mañana, no obstante, se debió postergar hasta el viernes a la tarde, debido a que no había profesional que se hiciera cargo de la defensa. El problema era que los defensores oficiales Estévez (h) y Pierini fueron apartados debido a que también fueron citados a imputativa en el marco de esta investigación (Ver Los defensores también)
Minutos después de las 17:00 del viernes comenzó la audiencia y la defensa fue asumida por Sergio Olivera, integrante del SPPDP de Las Toscas. Olivera interpuso una excepción de incompetencia de previo y especial pronunciamiento en razón de entender que los delitos en cuestión eran federales y, por tanto, el juez Martelossi era incompetente. Además, pidió –antes de tratar la medida cautelar solicitada por el MPA– un plazo de 24 horas para la visualización del legajo.
En la misma audiencia, el juez Martelossi resolvió imputar los hechos a Díaz y fijó una nueva audiencia para el sábado a las 18:00 para el tratamiento de la excepción planteada por el defensor, y otra audiencia para las 18:15 para el tratamiento de la medida cautelar. En la primera de ellas celebradas el sábado, el magistrado rechazó la excepción de incompetencia planteada por el defensor; y en la segunda, Martelossi aceptó la medida cautelar solicitada por el MPA, pero modificó el plazo (en vez de 60 días, ordenó que fueran 40).
Los defensores también
Estévez (h) y Pierini fueron citados a audiencia imputativa a raíz de la presunta comisión de delitos. Deberán presentarse el miércoles de esta semana a las 8:00 y a las 8:30 en la Unidad Fiscal de Vera.
La citación a los defensores oficiales está relacionada con lo ocurrido el miércoles 16 de septiembre en la alcaidía de la ciudad de Vera. Los fiscales Gerosa, Benegas y Gauna Chapero citaron a los representantes del SPPDP son usurpación de autoridad en calidad de autor; amenazas coactivas varias; y prevaricato; todos ellos en calidad de autor. Además, Estévez (h) y Pierini será imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva, en calidad de partícipes secundarios.
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