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La diputada provincial del Partido SI, Dra. Alicia Gutiérrez, realizó dos pedidos de informe a raíz del caso sucedido en Vera, donde una menor, supuestamente víctima de abuso sexual, fue ingresada a través de engaños a la celda de la Alcaidía de dicha localidad donde permanece detenido el padre que está acusado por el hecho.
En uno de los escritos se solicita al Ministerio Público de la Acusación información sobre las acciones que se llevaron adelante luego de sucedido estos acontecimientos y, en particular, un detalle de la actuación del fiscal designado durante todo el incidente. En el otro, dirigido al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, se requiere saber si estaba al tanto de los hechos denunciados y las medidas tomadas ante la supuesta presencia de la Defensora Regional y el Defensor Público cuando se produjo la reunión forzada entre la víctima y el aparente victimario.
“Si se confirman estas denuncias, y otras tantas que se están investigando, lo sucedido es de una gravedad institucional enorme en tanto involucra actores de los distintos niveles del Estado que debían supuestamente proteger a la víctima. Por esto estamos exigiendo conocer qué paso y cuál es la responsabilidad de los funcionarios en este caso”, explicó la legisladora del Partido SI.
El hecho conmocionó a la opinión pública unos meses atrás cuando se conoció que un empleado del Ministerio Público de la Defensa, Manuel Díaz, que había sido denunciado por su hija de 14 años por violación, fue liberado a los pocos días y la atacó de nuevo en una plaza de la ciudad. “La violencia y el abuso sufrido por esta adolescente, que de por sí ya es un acto criminal que hay que investigar y condenar, se ve agravado no sólo cuando el sospechoso es puesto en libertad por el juez y comete el delito otra vez, sino que luego la víctima aparentemente es engañada por familiares del detenido, con la complicidad de los policías, e ingresada a la celda por la fuerza para que este sujeto la amenace de muerte sino cambia su declaración”, relató Gutiérrez.
Al mismo tiempo que consideró que esto es posible porque los acusados pertenecen a sectores que tienen vínculos con el poder que les permiten gozar de impunidad.
La situación, que salió a la luz gracias a la valiente denuncia de una joven policía, desnuda “un contexto donde las irregularidades se tejen en una red donde están comprometidas las personas que deberían protegernos”, opinó la diputada. Por esto, los pedidos de informe presentados buscan esclarecer los hechos y saber el papel desempeñado por los funcionarios involucrados, como así también las medidas adoptadas por las dependencias públicas que tenían responsabilidad en el caso.
En el caso del Ministerio Público de la Acusación, “se solicita que se indique si el fiscal tenía conocimiento de la maniobra, si intervino en el hecho y cuál fue la decisión institucional tomada luego de la que la noticia del mismo se propagara a través de medios masivos de comunicación”, indicó. Mientras que en el caso del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se demanda que indique si se ha avalado el acto mencionado y, en caso contrario, se exige que se informe cuál fueron las medidas que se tomaron al momento de tener noticias de lo sucedido.
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