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"Juro, sostengo y lo voy a demostrar: no cometí actos de corrupción", declaró el Vicepresidente luego de ser citado a declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo. Dijo que es una causa mediática y que no pedirá licencia
El vicepresidente Amado Boudou aseguró que no piensa en renunciar ni en tomarse licencia luego de que la Justicia federal lo citara a declaración indagatoria en la causa Ciccone. El funcionario está acusado de negocios incompatibles con la función pública. El juez Ariel Lijo está convencido que el ex ministro de Economía armó un entramado para quedarse con la imprenta de billetes, levantar su quiebra y cerrar contratos con el Estado, del que él es parte.
En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, en Radio 10, el Vicepresidente aseguró: "Juro, sostengo y voy a demostrar que no cometí hechos de corrupción". Según declaró, estaba esperando la citación a indagatoria para poder defenderse en el expediente. Es que técnicamente, la indagatoria es un acto procesal de defensa que tienen los imputados en las causas penales.
De acuerdo a la visión del Vicepresidente, la acusación en su contra es "mediática" y se la atribuye a notas de diferentes medios periodísticos. Cree que hay algunas empresas que no le perdonan haber sido el funcionario que en su momento impulsó la estatización de las AFJP.
"¿Se siente apoyado por el Gobierno o lo dejaron solo?", le preguntó Feinmann a Boudou. "Yo soy parte del Gobierno; no es qué siento o no siento. Soy parte de este Gobierno y lo voy a seguir siendo", enfatizó para no dejar lugar a dudas.
Si bien Boudou dijo que no quiere opinar sobre las cuestiones técnicas "de los abogados", indicó que la Justicia tiene tres hipótesis para investigarlo. Una de ellas es la del delito de lavado de dinero, otra es la de una supuesta influencia ante la AFIP para que le den un plan de salvataje a Ciccone y la tercera es que fue él quien finalmente compró la compañía. De acuerdo a la visión del Vicepresidente, en el expediente ya quedaron descartadas las tres líneas investigativas.
Sin embargo, la resolución de Ariel Lijo dice otra cosa. El magistrado federal tiene sospechas de que Boudou junto a sus socios compraron Ciccone, presionaron a la AFIP para facilitar un plan de salvataje y luego cerraron un negocio a través del cual la imprenta de papales de seguridad se transformó en contratista del Estado. Para ello, marcó que hubo complicidades con la familia Ciccone.
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