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La comisión especial de senadores bonaerenses que analizó la investigación del crimen de Candela Rodríguez, cometido el año pasado, recomendó a Daniel Scioli que exonere a Hugo Matzkin.
Se trata del fiscal general, Federico Nieva Woodgate; los fiscales Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa; y el juez de Garantías Alfredo Meade, todos del Departamento de Morón, informó hoy el senador Jorge Ruesga al presentar las conclusiones del informe que presentó la comisión ante los legisladores.
“La policía estuvo para encubrir los homicidas y las pistas, porque el contexto era narcotráfico, narcosecuestro, negocio del que forma parte un sector de la fuerza de seguridad”, sostuvo.
Ruesga presentó el dictamen de la mayoría que firmó él junto a los senadores del FPV Jorge Donofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Muntaner y Diana Larraburu, a quienes acompañaron María Isabel Gainza del CC-ARI y Omar Foglia del GEN-FAP, mientras que el sciolista Alberto De Fazio presentó otro dictamen y Julio Assef del Pro-Peronismo, elaboró otro.
Además aseguró que se denunciará ante la justicia al defensor oficial Oscar Rombola por incumplimiento de deberes de funcionario público y a Nievas Woodgate por mal desempeño de sus funciones.
“El accionar irregular de los fiscales y la falta de idoneidad no es atributo del caso Candela sino que forma parte de una matriz e intervención que se lleva a cabo sobre todo en casos de resonancia pública”, sostuvo, y adelantó que se elevará copia del informe a la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General.
En el informe se diferenció la responsabilidad judicial, la política y la policial, por lo que la Comisión recomendó a Scioli que también exonere al Director General de Policía Científica comisario general Pablo Vázquez; al entonces Superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio Bianchi.
Reclamó además la exhoneración del director de la DDI La Matanza comisario mayor Marcelo Cheabriau; al director general de Investigaciones en Función Judicial comisario general Roberto Castronuovo y al oficial principal Mauricio Rhodas Pérez, entre un listado extenso de policías.
El dictamen que fue firmado por siete de los senadores que componen la comisión, denunció serias “irregularidades, negligencia, complicidad” y resolvió elevar el informe a la justicia federal por entender que el homicidio de Candela “se trató de un secuestro vinculado al narcotráfico” por lo que no debe seguir en la órbita de la justicia ordinaria.
Ruesga sostuvo que para el informe se evaluaron “más de 2.000 fojas de información extrajudicial, 18.600 que están incorporadas en la causa y se tomaron 55 testimonios”.
Ruesga detalló que la Comisión trabajó cinco meses “porque era indispensable reconstruir el trayecto de la investigación" porque el expediente judicial “es caótico en su organización y está plagado de irregularidades”.
“Fojas inutilizadas, ausencias de cargos en los escritos, anexos en cuerpo principal y las principales declaraciones no se tomaron en sede judicial”, graficó.
Detalló que un ejemplo “revelador de esas anomalías es que el allanamiento al lugar señalado como la casa donde estaba Candela está en el anexo de actuaciones complementarias, mientras que una búsqueda por rabdomancia está en el cuerpo principal”.
Cuestionó el accionar de la policía a la que acusó de “desviar la investigación” y precisó que desde la denuncia de la desaparición de Candela “se montó un espectacular accionar policía que tuvo como objetivo responder a la presión mediática”.
Criticó además la Mesa de Crisis que se formó con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y la cúpula de la fuerza “en la que no hay antecedentes ante una averiguación de paradero sino para delitos complejos, particularmente, secuestros extorsivos”.
Aseguró que pese a ello, la Policía “trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos, se buscó a la niña donde no estaba y la Mesa estuvo dirigida a dar respuesta los medios y la población mientras había operaciones paralelas para recuperar la niña por fuera de la investigación”.
Dijo que cuando se halló el cuerpo de Candela “se malogró la posibilidad de levantar evidencias porque no se preservó la escena porque el lugar fue invadido por funcionarios y familiares”.
“Los peritos sólo tuvieron entre 30 y 40 minutos y afirmaron que no se cumplió con la preservación del lugar y declararon ante la comisión que era como que por allí pasó una manada de elefantes”, destacó.Consideró que el lugar en el que apareció el cuerpo “puede ser interpretado como un mensaje mafioso en el marco de la disputa por la conducción de la policía” y reveló que en casos similares los secuestradores “se deshacen del cuerpo y aquí el objetivo fue exhibirlo en el lugar más controlado por la fuerza de seguridad”.
Dijo además que la falta de conducción de la fiscalía “posibilitó que sea la policía la que construyó la escena de la casa en la que supuestamente Candela estuvo secuestrada” y dijo que “hasta se manipularon los dos objetos transportables en los que supuestamente se encontró ADN de la niña”.
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