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El juez de Santo Tomé, Humberto De Biase Echeverría, que dictó más 17.000 cautelares en beneficio de gendarmes y prefectos, fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes por mal desempeño en sus funciones.
La condena establece también la inhabilitación del ahora ex magistrado por tres meses para el ejercicio de la función pública.
Según informó el presidente de Jury, Alejandro Chaín, los fundamentos de la sentencia estarán disponibles el 22 de octubre.
Luego del veredicto, el fiscal César Sotelo, dijo a la prensa que está “conforme” con el veredicto y con el desarrollo del juicio porque “las instituciones funcionan en Corrientes y estamos dando un claro ejemplo de que se maneja bien”.
“Esto es una respuesta a la ciudadanía de Corrientes que confía en los hombres del Poder judicial y también a las instituciones creadas en la reforma de 2007” (Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento), señaló el representante del Ministerio Público.
Explicó que las cautelares emitidas por De Biase Echeverría, fueron 17.060 y 7.000 las medidas cautelares que dictó la ex jueza Graciela Duarte, también destituida en abril por una causa similar.
Por su parte, el ahora ex juez De Biase Echeverría dijo, tras la lectura del fallo que “he sido y voy a seguir siendo una persona honorable”.
“Voy a seguir luchando para que se haga justicia para que se revea a instancias superiores en la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuera necesario”, manifestó el ex juez.
Agregó que el fallo “es una injusticia” a la vez que sostuvo que siempre tuvo un Juzgado "de puertas abiertas y sentencias al día”.
De Biase Echeverría fue juzgado por mal desempeño en sus funciones ya que en el Juzgado Civil y Comercial a su cargo, se dictaron 17.060 cautelares que beneficiaron a gendarmes y prefectos en la actualización salarial.
Todas ellas fueron tramitadas en el mismo estudio jurídico de Amílcar Serial y Josefa Milán y en muchos casos provenían de distintos puntos del país.
Luego de dictar las medidas cautelares, De Biase Echeverría se declaraba incompetente.
En su alegato el fiscal César Sotelo había afirmado que dos jueces de la provincia “estuvieron al servicio de una corporación mafiosa que le dictaban al Estado Nacional la forma en la que deberían cobrar las fuerzas de seguridad”.
“Aquí tenemos la demostración clara con las maniobras pergeñadas por Duarte y De Biase, en el desquicio ocasionado por un estudio jurídico (Serial- Milán) donde dos jueces de la provincia estuvieron al servicio de una corporación mafiosa que le dictaba al Estado Nacional la forma en la que deberían cobrar las fuerzas de seguridad”, afirmó Sotelo.
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