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Lo hicieron en el marco de unas jornadas sobre la temática que finalizaron ayer en Córdoba. El Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, participó de la actividad.
Fiscales Generales y Procuradores Generales de todo el país emitieron una declaración en la que se manifiestan acerca de la gestión judicial en la República Argentina respecto de los delitos relacionados a las drogas.
El documento fue emitido en el marco de unas jornadas sobre narcocriminalidad que se realizaron en la ciudad de Córdoba el jueves y ayer y de la que participaron las máximas autoridades de los ministerios públicos fiscales de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido, el Fiscal General de la provincia de Santa Fe, estuvo presente en la actividad.
Declaración
“Conscientes de la gravedad e importancia que reviste la problemática del narcotráfico, los Consejos Federales que agrupan a todos los Fiscales Generales y Procuradores Generales de las Provincias Argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran que es indispensable pronunciarse, una vez más, sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas en la República Argentina.
En ese orden destacan que es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, además, que actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesa moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio nacional.
Consideran que el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite al fenómeno del narcomenudeo que de otro medo queda en situación de impunidad. Señalan, sin embargo, que la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada. Esta afirmación se formula en el convencimiento de que es posible que ambos ordenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito.
Peticionan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización.
Entienden que este último es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los ordenes judiciales que, como quedara dicho, es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes”.
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