SEP
Apuran decisión para intervenir en el concurso como contralores. "Sí hubo gravedad institucional"
La comisión de Seguimiento de las Causas de Vicentin en Diputados resolvió ayer esperar que la Corte Suprema defina si sostendrá su avocamiento en el concurso de acreedores y se lo dará a otro juez en lo civil y comercial, o si atenderá el dictamen del procurador Jorge Barraguirre, que recomienda devolverle el proceso al juez de origen, el muy cuestionado Fabián Lorenzini, con el agregado de actores de control externo como este mismo grupo de 12 legisladores. No quisieron opinar sobre el dictamen del procurador, emitido la semana pasada, pero igual marcaron disenso al entender que "sí hay gravedad institucional" en el caso Vicentin. Apoyaron, en cambio, el avance de las causas penales contra el grupo agroexportador, y sugirieron que la Corte se expida cuanto antes, porque a fin de año terminan los contratos que garantizan hoy el pago de sueldos a los 7.000 trabajadores directos del conglomerado en default.
Los diputados aclararon y recalcaron que no emiten opinión sobre el planteo de Barraguirre porque "no sabemos si será tenido en cuenta, porque no es vinculante. Lo haremos el jueves cuando ingresemos el dictamen a la Cámara", expresó el titular de la comisión, Luis Rubeo. No quieren preopinar sobre un pronunciamiento que los recomienda como una suerte de amicus curiae con la misión de controlar las maniobras del directorio de Vicentin que hasta junio pasado (fecha en que la Corte intervino y suspendió el trámite) el juez Lorenzini les permitió.
Pero al insistirles por el criterio del procurador (entiende que en el caso Vicentin "no hay gravedad institucional", y por ello recomienda devolver el concurso a Lorenzini, acusado por acreedores de "inconductas procesales" y arbitrariedades en favor del directorio de Vicentin) Rubén Giustiniani recordó que la comisión "siempre consideró que existe gravedad institucional, por poner en riesgo 7 mil puestos de trabajo, es la cesación de pago más grande de la historia de Santa Fe y una de las más grandes del país, 1350 millones de dólares".
En junio pasado el presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto de "avocamiento" al expediente del concurso de Vicentin, homologable al "per saltum", es decir, que se hizo del caso saltando instancias inferiores. Lo hizo a pedido de un acreedor, el Grupo Grassi, ante presuntas irregularidades del juez Lorenzini. Y eso es lo que Barraguirre desaconsejó el viernes pasado.
Ayer se reunieron siete de los doce miembros de la comisión: además de Rubeo y Giustiniani, Carlos Del Frade, Betina Florito María Laura Corgniali, Ariel Bermúdez y Fabián Palo Oliver.
"Sería oportuno que la Corte resuelva pronto porque la incertidumbre de los trabajadores es mayúscula. Los acreedores ven cómo sus acreencias se van achicando por inflación. Y hay contratos a fasón que terminan en diciembre", enumeró Rubeo. Esos contratos refieren al alquiler de plantas de almacenaje y puerto a Bunge y ACA y de ahí se pagan los sueldos.
"Era fundamental que se presenten Nación y Provincia, pero los dos gobiernos están borrados. Uno y otro tienen que activar un salvataje porque después tendrán que apagar el incendio social que provoque la pérdida de 30 mil puestos de trabajo en las 33 empresas del grupo", marcó Del Frade.
Rubeo sumó al reproche y agregó: "Algunos apostaban a que esto fracasara para sacarlo de la consideración pública. Los únicos que quedamos fuimos nosotros". "También el gobernador Perotti debe dejar de mirar para otro lado porque es la principal empresa de Santa Fe y le estalla en la mano. La propuesta que hizo el actual directorio de Vicentin de movida deja afuera al norte. No les interesa", dijo.
A la par, avanzan las causas penales que tienen a 14 directivos de Vicentin imputados por estafa y defraudación, en manos de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, más la que en Buenos Aires impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita por el fraude cometido contra el Banco Nación por créditos otorgados cuando ya Vicentin preparaba su anuncio de default, en diciembre de 2019.
Fuente. Página 12
Link permanente a la noticia:
