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La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dispuso la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía que determinaron el nuevo cuadro tarifario del servicio de luz y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública. En tanto, el Gobierno apelará el fallo que frena el aumento.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dispuso la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía que determinaron el nuevo cuadro tarifario del servicio de luz y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública. En tanto, el Gobierno apelará el fallo que frena el aumento.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, afirmó hoy que la suspensión del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico “tiene jurisdicción para todo el país”, al tratarse de un amparo de naturaleza colectiva, por lo cual las empresas distribuidoras deben abstenerse de emitir facturación con los aumentos.
“Hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de energía de tarifa eléctrica están suspendidos”, aseveró la jueza en declaraciones al Canal C5N tras darse a conocer su fallo en el que aceptó una medida de amparo contra las Resoluciones 6/2016 y 7 /2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Sin bien aceptó un recurso presentado por ciudadanos del partido de Tres de Febrero, Forns aclaró que un amparo de naturaleza colectiva dispuesto por un juez federal de cualquier lugar del territorio nacional “pasa a tener jurisdicción para todo el país”, al precisar el alcance de su fallo de hoy.
La magistrada también aclaró que su fallo dispone “ordenar las medidas interinas de no emitir las facturas con el aumento, y para los que hayan pagado una nota de crédito para las futuras facturas que vengan con los aumentos”.
“Las empresas saben de qué se trata un amparo colectivo, saben que es una medida cautelar y que se debe respetar la actuación de la justicia”, aclaró la magistrada al advertir que en caso contrario las empresas serán pasibles de sanciones legales.
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