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Integrantes del buffet que defiende al Estado se entrevistarán hoy con el magistrado que tiene el caso argentino. Intentarán que se mantenga suspendida la ejecución del pago y abrir un canal de diálogo con los fondos buitre
Integrantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) se reunirán este miércoles con el juez Thomas Griesa, en Nueva York. El encuentro se prevé para media mañana de la Argentina. Los letrados tienen instrucciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, para forzar un proceso de negociación con los holdouts. Griesa es el mediador y quien tiene la última palabra sobre cómo se ejecutará su propia sentencia.
Kicillof anunció ayer que el Gobierno "está iniciando los pasos" para realizar un canje de títulos para pagar en la Argentina a los acreedores regulares, aunque reveló que enviará una delegación de abogados "para hablar" con el juez Griesa de Nueva York, de cuyas decisiones depende el pago de los próximos servicios de la deuda reestructurada.
EL 30 DE JUNIO HAY QUE PAGAR UN VENCIMIENTO POR U$S900 MILLONES
Kicillof afirmó que "la Argentina tiene voluntad de pagar sus compromisos", pero advirtió que "si se aplicara la sentencia de (Thomas) Griesa y la Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, el país sería empujado a un default".
Ante esa posibilidad, el ministro expresó que hacer frente al desembolso de 1.330 millones de dólares tal como lo dictaminó el juez, generaría nuevos reclamos por 15 mil millones de dólares. Pero, además, recordó que "Griesa dijo que no quiere llevar a la Argentina al default" y ante esa declaración anunció que enviará una delegación de abogados a Nueva York "para hablar" con el magistrado para interpretar esos dichos.
La intención del equipo económico es ver si existe voluntad para lograr que los holdouts se sienten a negociar en condiciones que permitan evitar un efecto dominó de nuevos juicios.
El jefe del Palacio de Hacienda señaló que la Argentina tiene que cancelar servicios de la deuda por 900 millones de dólares el 30 de junio, pero advirtió que si lo hace en las condiciones actuales ese pago podría ser embargado. "Nosotros queremos pagar y vamos a pagarle a los bonistas que confiaron en el país pero no podemos permitir que nos empujen a un default", insistió.
Además de extender el plazo del amparo, entra en juego también la interpretación sobre la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que hasta enero de 2015 permite que terceros reclamen en caso de que exista un mejor ofrecimiento voluntario por parte de la Argentina.
El ministro recordó que "Griesa le ordenó al banco de Nueva York que no les pague a nuestros bonistas si no se le paga a los buitres". "La sentencia por un lado o por el otro nos empuja al default", reiteró
Casi en paralelo con el buffet de abogados, Kicillof se reunirá hoy con los presidentes de los bloques parlamentarios para ofrecer detalles de cómo es la situación. El funcionario subrayó que "esto está estudiado en profundidad" e insistió en que "se tomaron las medidas para que la reestructuración no esté en riesgo".
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