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El juez Roman Lanzón rechazó este jueves el pedido del fiscal Miguel Moreno de dictar la prisión preventiva de los ejecutivos de Vicentín Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze que estaban al mando en 2019 cuando la empresa defaultéo. También rechazó el pedido de uso de tobillera electrónica para el presidente de la firma en el momento de la cesación de pagos, Daniel Buyatti.
No obstante, le pidió a los hermanos Gazze, Macua, Scarel, Vallaza y Buyatti que fijen un seguro de caución de 10 millones de dólares, un 100% más alto, del que habian ofrecido. Ademas, definió que los 14 ex ejecutivos imputados por estafa no pueden salir del país. El magistrado también bajó la imputación por presentación de balances falsos, quedando la causa centrada en el posible delito de estafa.
Para el juez, la fiscalía no pudo probar que hubieran razones concretas que acrediten que la libertad de los imputados pone en riesgo el proceso. Y citó que la gran mayoría de las maniobras que la fiscalía presentó como atentantorias contra el proceso ocurrió hace más de un año. En cambio, ahora las pruebas -sostuvo- están a resguardo.
No obstante, el magistrado dejó asentada su impresión de que las pruebas sometidas, si bien no acreditaban la urgencia de una prisión preventiva, eran "pruebas contundentes" de cara al debate de fondo (si hubo o no estafa en la caída de Vicentín).
Es más, el magistrado tomó posición cuando en el fragor del debate la defensa cuestionó a la fiscalía por aventar que pedirán 50 años de prisión argumentando que no hay registros de penas económicas superiores a los 25 años. “Estamos hablando de un delito sumamente grave que causó un grave daño económico y social y no luce irrazonable la pena de cumplimiento efectivo de 50 años”, se despachó. Es cierto que no será Lanzon quien termine dirimiendo el tema de fondo, pero dejó asentada es mucha y muy certera y que la defensa deberá sudar la gota gorda para descareditar la acusación. Y este punto es, tal vez, la principal victoria que se llevó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Si bien la caución es por 10 millones de dólares, lo que los empresarios tendrán que pagar es la póliza, una cifra que luce. No obstante, se trata de la caución más alta de la que haya registro.
Golpe a Golpe
Este jueves se retomó la audiencia imputativa, que arrancó el martes, en el Centro de Justicia Penal cuando Moreno imputó a los 14 ejecutivos por estafa, administración fraudulenta y confección de balances falsos. La audiencia se retomó temprano con la exposición de la defensa de los ejecutivos a cargo del abogado Jorge Ilharrescondo.
En líneas generales, el abogado -que habló casis una hora- pidió la prescripción de la acusación de presentación de balances falsos en 2017 y 2018 y de los informes trimestrales a los bancos. “Ya transcurrió el plazo de persecución”, Dijo.
También objetó que la imputación del fiscal por estafa no individualiza responsabilidades. "¿Dónde intervino cada uno en la construcción del supuesto ardid?", Preguntó.
"Esta imputación, con este rosario de defectos, nunca puede servir de basamento para un pedido de prisión preventiva", concluyó su presentación.
No obstante, a su turno, el fiscal sostuvo que los balances sólo fueron un instrumento para concretar una estafa que no prescribió.
"Vicentin decidió estafar para recomponer su situación económica", sostuvo y repitió el argumento que presentó el martes al imputar a todo el directorio: "La empresa venía a pique y decidió sanear su catástrofe empresarial haciéndosela pagar a bancos y productores"
Y para reforzar la idea de que hubo un ardid (simular una situación de solvencia que no tenían) mostró un video institucional de noviembre de 2019, cuando según los propios números de la empresa la situación era terminal, en la que se muestra como un grupo sólido y diversificado invitando a los productores a enviar sus granos
El fiscal Moreno volvió a repetir que calcula la estafa "en torno a los 600 millones de dólares" y sostuvo que la pena correspondiente para el directorio sería de 50 años.
Preventivas
Terminado el cruce por las imputaciones, el fiscal pidió las prisiones preventivas y comenzó a argumentar su pedido con nuevas pruebas: mails y escuchas telefónicas post concursales.
El ejecutivo que aparece más complicado es Omar Scarel, que en 2019 era el síndico, ya que el fiscal presentó numerosos escuchas telefónicas post concursales en la que conversa con distintos interlocutores cómo acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
Fuente. Rosario3.
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