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Lorenzini abrió una instancia en la que se recibirán ofertas para administrar la compañía que defaulteó en 2019 por u$s 1.500 millones
El juez civil y comercial del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown o salvataje, que permite darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía. Este proceso se iniciaría el próximo lunes.
La misma ley de concursos y quiebra contempla que la propia concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown), que se extenderá hasta fines de septiembre.
Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi u$s 1.500 millones.
El juez civil y comercial de las segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso.
La misma resolución abre el período de salvataje y, a la vez, rechaza las impugnaciones a la propuesta interpuestas por el Banco de la Nación Argentina (BNA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros tres acreedores.
El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que “el impedimento para homologar surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.
La resolución “encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta”, añadió el escrito.
“Se observa un intento por hacer descansar en los hombros de los acreedores, contingencias empresariales inclusive posteriores al concursamiento de la empresa, contrariando así la finalidad económica y social de este tipo de procesos de crisis”, sostuvo el juez.
Vicentin había anunciado en abril que había logrado el consentimiento de una mayoría de acreedores para cerrar un acuerdo de pago para presentarle a Lorenzini con vistas a su homologación. De 1.618 acreedores computables, mostró la aceptación de 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable.
Pero entre los acreedores que lo impugnaron están el Banco Nación, que es al que más le debe en forma individual y que además reviste carácter de privilegiado. También están los bancos Provincia de Buenos Aires y Bice, la Afip, y la firma Commodities, mayor acreedor comercial privado. También el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se opuso.
El Banco Nación consideró ruinosa la propuesta, que contenía una discriminación “inadmisible” entre acreedores, ya que propne “la cancelación total de los créditos para algunos acreedores y un ínfimo porcentaje de pago para otros”. denunció, además, que la oferta constituye una “quita encubierta, que en el caso de mi mandante, oscila entre el 70 y 80% de su crédito verificado”.
La propuesta de Vicentin incluía la creación de un fideicomiso administrado por tres “inversores estratégicos”, como su socia Viterra, la multinacional Bunge y ACA, que es el principal acreedor cooperativo. En el medio se anunció la compra de Viterra por parte de Bunge, consolidando el conglomerado cerealero más grande del mundo.
Por otra parte, la Justicia penal le advirtió a Lorenzini en varias oportunidades que no podía homologar la propuesta concursal, toda vez que el principal activo que la empresa ponía a disposición estaba cautelado en el marco de la causa que se sigue a los ex directivos de Vicentin por estafa. Se trata de las acciones de Renova, la planta aceitera más grande del mundo, que Vicentin construyó junto con Viterra en Timbúes.
Fuente: Uno Santa Fe
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