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Los diputados provinciales del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini y Germán Bacarella presentaron un proyecto mediante el cual solicitan la presencia en el recinto del Ministro de Infraestructura y Transporte, Ing. José Garibay
La iniciativa pretende conocer de que manera el Ejecutivo provincial se hará cargo del corredor vial, sí el contrato será por decreto del gobernador o como lo marca la Constitución Provincial deberá pasar por la legislatura, cuáles serán las funciones y atribuciones del fideicomiso con respecto a la repavimentación, mantenimiento y seguridad de los 313 km y si, el mismo, estará sujeto al control de los organismos de Estado, entre otros puntos.
"Declarada desierta la licitación de la Autopista Rosario – Santa Fe, y frente a distintas versiones periodísticas sobre el futuro de la misma en cuanto a la repavimientación de su traza total, es que creemos que debe respetarse la institucionalidad democrática y debe informarse, haciendo participar al Poder Legislativo en la toma de una decisión definitiva al respecto. Más aún, cuando hace más de siete años que se viene prometiendo una autopista inteligente con tres carriles. No solo que nada de ello existe en la actualidad, sino que el estado de la misma es lamentable, preocupante y atenta contra la seguridad vial de los usuarios a diario" fundamentó Cavallero.
Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015 la concesionaria tenía que repavimentar 313 kilómetros, pero en esos cinco años sólo repavimentaron 75, un 24% del total, "eso representa una diferencia de 1554 millones de pesos. Nosotros sostuvimos una oposición férrea al acuerdo que hizo la Provincia con la empresa al momento de rescindir el contrato, diciendo que nadie le debía nada a nadie: es un escándalo. El propio Tribunal de Cuentas de la Provincia ordenó un sumario al organismo de control que depende del Ministerio del ingeniero Garibay, por no haber realizado los controles que corresponden".
Al mismo tiempo, el fiscal de Estado de la Provincia, Pablo Saccone, respaldó la postura de la oposición al señalar que la Provincia es acreedora de 1500 millones que la empresa ARSSA debe pagar. Las pericias de la causa están hechas y son ocultadas por el gobierno provincial. Son lapidarias respecto al acuerdo que aceptó la Provincia. No puede ser que una empresa que estafó al Estado en 1500 millones de pesos quede sin ningún tipo de sanción", cuestionó.
"Declarada desierta la licitación de la Autopista Rosario – Santa Fe, y frente a distintas versiones periodísticas sobre el futuro de la misma en cuanto a la repavimientación de su traza total, es que creemos que debe respetarse la institucionalidad democrática y debe informarse, haciendo participar al Poder Legislativo en la toma de una decisión definitiva al respecto. Más aún, cuando hace más de siete años que se viene prometiendo una autopista inteligente con tres carriles. No solo que nada de ello existe en la actualidad, sino que el estado de la misma es lamentable, preocupante y atenta contra la seguridad vial de los usuarios a diario" fundamentó Cavallero.
Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015 la concesionaria tenía que repavimentar 313 kilómetros, pero en esos cinco años sólo repavimentaron 75, un 24% del total, "eso representa una diferencia de 1554 millones de pesos. Nosotros sostuvimos una oposición férrea al acuerdo que hizo la Provincia con la empresa al momento de rescindir el contrato, diciendo que nadie le debía nada a nadie: es un escándalo. El propio Tribunal de Cuentas de la Provincia ordenó un sumario al organismo de control que depende del Ministerio del ingeniero Garibay, por no haber realizado los controles que corresponden".
Al mismo tiempo, el fiscal de Estado de la Provincia, Pablo Saccone, respaldó la postura de la oposición al señalar que la Provincia es acreedora de 1500 millones que la empresa ARSSA debe pagar. Las pericias de la causa están hechas y son ocultadas por el gobierno provincial. Son lapidarias respecto al acuerdo que aceptó la Provincia. No puede ser que una empresa que estafó al Estado en 1500 millones de pesos quede sin ningún tipo de sanción", cuestionó.
Pedido de Informe al Tribunal de Cuentas
Por otro lado, el diputado provincial presentó un pedido de informe para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de cuenta, si como autoridad de control de la ejecución del contrato de la Autopista Rosario – Santa Fe Brigadier Gral. Estanislao López, se ha expedido sobre la rescisión que recayó sobre aquel en virtud del Decreto Nº 5194/16 y el convenio respectivo. En dicho caso, conocer también el contenido del dictamen.
El Poder Ejecutivo provincial resolvió tomarse un plazo de 180 días para recabar más argumentos que sostengan la decisión de rescindir «de común acuerdo» el contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe con la empresa Arssa, y aceptó el pedido de más información que le hiciera el Tribunal de Cuentas respecto de los términos de rescisión.
"Desde un principio sostuvimos la falta de necesidad de tomarse tiempo para recabar más información, basta con transitar por la autopista y mirar. Lo que tenía que hacer Arssa, y lo que planteamos desde nuestro bloque, es devolver los 1.500 millones de pesos de perjuicio al erario por la rescisión del contrato".
El Poder Ejecutivo dispuso que se "someta a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo" del contrato de concesión de la autopista con la empresa Arssa.
"El Tribunal de Cuentas de la Provincia como organismo de control sobre esta materia, debe expedirse, y es el conocimiento sobre dicha postura, que solicitamos la información a través del presente pedido de informes", finalizó.
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