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Antonio Bonfatti cuestionó la posición del PJ santafesino por la crisis de seguridad en la provincia. Insistió en denunciar un intento de desestabilización al invocar una intervención federal.
Antonio Bonfatti está sentado en el patio de su casa de la zona norte rosarina. Al mediodía dominguero hizo un asado para sus cuatro hijos por el cumpleaños de uno de ellos. En el patio no se oye más que a los pájaros del crepúsculo y esa calma barrial se entrevera en la extensa charla. Pero no son momentos calmos. Veinticuatro horas antes, con el pleno de sus ministros y aliados del Frente Progresista, anunció un intento desestabilizador de la oposición justicialista contra su gobierno. Se muestra serio y pensativo, pero no inquieto. Un poco quizás, cuando se le pregunta sobre qué autocrítica tiene a propósito de la crisis presente, o cuando descubre que sus hijos se llevaron las masas que tenía para aportar al mate.
“No hay peor mezquindad que tratar de sacar rédito político del narcotráfico. Pido que busquen un artículo del diario El Litoral firmado por Mario Cáffaro del 4 de mayo de 2007. A raíz de los 33 policías apartados de la Dirección de Drogas Peligrosas por la gestión de Jorge Obeid y Roberto Rosúa hubo una reunión parlamentaria. Yo era diputado opositor y presidente del bloque socialista. Y en ese momento dije que había que tomar al toro por las astas porque si no el toro nos pasaría por encima. Y dije también, en pleno proceso electoral, que no era un momento para sacar provecho partidario porque el tema del narcotráfico debía encontrarnos juntos a los sectores democráticos. Si era por avanzar me podía haber hecho un picnic. Tampoco buscamos rédito con el tema de las inundaciones de 2003 en Santa Fe. No somos irresponsables”, declaró el gobernador en una entrevista con La Capital.
—Denunció un plan para desestabilizar su gobierno. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Con qué riesgos concretos?
—Me remito a palabras del presidente del PJ, José Luis Freyre, tras una reunión de su partido. Allí dice que hay razones institucionales y jurídicas para intervenir la provincia de Santa Fe. Lo llamé tres veces porque tengo con él una relación de años. No me atendió. Y ratificó luego sus dichos en una radio de Rosario. En lo personal me causa un dolor enorme viniendo de él. Pero sobre todo porque en Santa Fe se respeta la división de poderes, porque convocamos permanentemente a todos los actores de la sociedad civil al diálogo. Nos costó recuperar la democracia y que se plantee la intervención en el marco de un sistema donde la gente eligió con su voto a las autoridades me parece muy grave.
—El origen de esta crisis está en la detención del ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli. Se ha dicho desde su gobierno que esto parte de una operación periodística. ¿Qué dice usted?
—Yo no lo digo así. Cuanto más lo que pasó es que la prensa tiene una información que le filtra alguien. En ese sentido podríamos haber sido informados de si había alguna imputación contra el jefe de policía de la provincia. Nadie sostendría a alguien con una imputación abierta. Hay un hecho que le atribuyen del año 2009. En un estado de derecho eso debe ser probado. Entretanto no acuso ni defiendo. Que la Justicia actúe. Recordemos lo que se dijo de los jefes penitenciarios de Coronda por la masacre de 2005. Fueron acusados pero hoy están todos desvinculados. Y nadie habla de ello.
—La manifestación del sábado con todos sus ministros y aliados del Frente Progresista fue un hecho muy fuerte. En el medio de una crisis compleja alguien puede entender que eso es sacar los ojos del problema principal que es que en definitiva hay actores de la droga en complicidad con funcionarios policiales.
—Jamás negamos el problema de la connivencia posible entre narcotráfico y policía. Tampoco hacemos un juicio definitivo, pero en los últimos días desplazamos a 20 efectivos del área de Drogas Peligrosas. Pareciera que eso no es trascendente. Hay 200 policías en disponibilidad desde el inicio de mi mandato por hechos irregulares que no son tolerados. Si interviene la PSA se produce una noticia bomba. Si el que actúa es el gobierno provincial con la ley en la mano parece que no importa. Tener 1.244 detenidos por el tema droga parece que no importa. Si la PSA tiene 20 parece que es más importante.
—Una salvedad que le hago es a dónde apuntan esos operativos. ¿De esos 1.244 detenidos cuántos son grandes traficantes? ¿Cuántos luego se van libres? ¿Cuántos quedan presos? ¿Cuántos son menores utilizados por mayores? Muchos operativos tienen la contrapartida de surgir de procedimientos irregulares que van a la anulación.
—Sí, pero hay 211 órdenes de jueces federales para hacer esos procedimientos, lo que quiere decir que se está actuando, que se está investigando, que tenemos la vocación de poner a personajes a los que todos conocen a disposición de la Justicia. Lamentablemente algunos quedan libres. Muchas veces. Conozco alguno que tiene 24 ingresos a la policía y quedan libres.
—Bueno, es lo que decía de Tognoli, ¿no? Para que las imputaciones prosperen hay que probarlas.
—Sí. Para eso la Justicia nos tiene que ayudar.
—¿Sienten que no siempre ayuda en ese sentido?
—Creo que tenemos una Justicia totalmente carente de los recursos para afrontar este tema. Tenemos la misma cantidad de jueces desde hace 30 años.
—¿Y con respecto a las acciones de los jueces y los fiscales hay reparos?
—Con algunos de ellos tengo derecho a dudar.
—¿Por qué?
—Porque hay mucha precipitación en dar libertades que no condicen con los personajes que están presos. Por ejemplo el caso de este individuo que ha sido ventilado al que se atrapó con un kilo de cocaína con sólo 4 por ciento de pureza. Eso es lo que le venden a la gente. Se dice después que eso no es cocaína. Claro que a los fines legales eso son estupefacientes. Hace poco un juez demoraba autorización para allanar un búnker al lado de las torres de puerto Norte. Cuando anunciamos nuestro malestar por eso la orden salió en 24 horas.
—¿Cuando usted habla de ánimo desestabilizador hacia su gobierno cree que hay actores del gobierno nacional detrás?
—Veo tres actitudes de parte de la oposición del PJ que merecen una mirada crítica. Cuando convoco a todos los legisladores nacionales para impulsar un camino común sobre los problemas de seguridad sumando voluntades estos se levantan de la reunión. Luego vienen las expresiones del diputado Andrés Larroque hablando de narcosocialismo que será mejor que la valoren los santafesinos y no yo. Por último la actitud del presidente del PJ diciendo que hay condiciones para intervenir la provincia. Entonces se dice una cosa y se hace otra. Proponen colaboración y después hacen todo esto. Y yo lo que pido es que nos juntemos a abordar este tema complejo donde la Justicia federal, las fuerzas federales, la Justicia provincial, la policía provincial y el gobierno tenemos que hacer un plan común porque la droga de algún lado penetra al país. No hay sociedad a salvo del narcotráfico.
—Gobernador, yo no le pido que se flagele, pero con cinco años de gestión ¿el Frente Progesista no tienen una autocrítica que hacerse respecto del manejo de la seguridad?
—Nosotros planteamos la transformación de la política de seguridad desde el primer día. Arslanían en Buenos Aires tuvo una crisis tremenda cuando intentó sacarle a la policía el manejo de sus recursos económicos y de sus recursos humanos. Nosotros hicimos esto en silencio avanzando en una auténtica transferencia de autoridad al mando civil. Y de eso no se habla. Tenemos planteles abundantes de técnicos idóneos en salud, en educación, en cultura, en desarrollo social. Pero en seguridad, como problemática relativamente nueva, no abundan especialistas probados en la gestión. No es algo que pasa en Santa Fe sino en todo el país. Uno quisiera ir más rápido pero se puede ir más rápido cuando uno va a comprar algo. Pero cuando uno tiene que avanzar sobre una fuerza de 18 mil seres humanos que tienen un arma en la mano, los avances deben ser hechos en forma paulatina. Y algo más: Nosotros actuamos con rigor frente a lo ilícito pero valoramos a la policía.
—Sin abordar la cuestión de manera personal. ¿No hubo designaciones que fueron reiteradamente fallidas a nivel de funcionarios civiles y policiales en estos cinco años?
—Puede ser, lo acepto. Siempre se corre ese riesgo. A veces las gestiones fracasan o no prosperan. Pasa en el Estado y en la empresa privada. Las cosas se prueban en la marcha y lamentablemente no hay otra forma. Nosotros en este momento estamos sumando gente con compromiso, que aporta las 24 horas, formando jóvenes y convocando a especialistas. Acabamos de estar con el jurista Alberto Binder. El ministro Raúl Lamberto ahora se va a Israel en un intercambio en la materia. Estuve yo en EE UU en el FBI. Miramos ejemplos de Brasil y Colombia donde están peor que nosotros pero hay recursos técnicos valiosos.
—¿Usted sintió riesgos concretos de avance sobre el gobierno provincial?
—Que el presidente provincial del PJ diga que hay causales para una intervención no es algo para tomar serenamente. Y en todo el Frente Progresista imperó esa profunda inquietud. Al punto que juntar a ministros y legisladores para expresar eso nos llevó dos minutos.
—¿Ve posibilidades de cooperación entre oficialismo y oposición después de esto?
—Tiene que haberlas. Hicimos reuniones del consejo provincial de seguridad que fue integrado por ley y salvo el senador Armando Traferri y el diputado Eduardo Toniolli nadie de la oposición participa en ellas, a las que asisten muchos actores de la comunidad. Este es un problema complejo a nivel mundial y no sólo de Santa Fe. No hay peor mezquindad que tratar de sacar rédito político del narcotráfico.
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