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Este jueves por la tarde hubo acuerdo y media sanción a un paquete de reformas al Código de Procedimiento Penal, que ahora deberá ser tratado en Diputados.
Desde hace más de cuatro años, el Senado santafesino procura que los jueces y sobre todo los fiscales -para acusar y juzgar a los delincuentes- tengan menos restricciones y bastante más poder.
Este jueves por la tarde hubo acuerdo y media sanción a un paquete de reformas al Código de Procedimiento Penal, que ahora deberá ser tratado en Diputados.
A lo largo de estos últimos años, no han prosperado esas reformas en la Cámara de Diputados santafesina. La diferencia es que ahora, además del empuje que al tema le vuelven a dar los senadores, hay nuevos proyectos de ley de la Casa Gris.
El gobierno plantea lo mismo: más prisión preventiva y menos excarcelaciones para los acusados de delitos, aún aquellos sin condena. Más facilidades para acelerar los juicios por flagrancia y menos posibilidades de otorgar la libertad condicional mientras duran los procesos judiciales.
Los proyectos del gobernador Miguel Lifschitz fueron enviados a las dos Cámaras, luego de su anuncio a principios de abril (a cargo del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, y su par de Gobierno, Pablo Farías).
Aquel paquete de ocho mensajes llegó un par de semanas después a la Legislatura y fueron parte del discurso del gobernador del 1º de mayo
Desde entonces, hubo avances respecto de qué hacer sobre todo en el Senado, y las recientes movilizaciones por la inseguridad en Rosario precipitaron su tratamiento.
En Diputados
La Cámara Baja aprobó el proyecto de Ley venido del Senado donde se crea una Comisión bicameral en el ámbito de la Legislatura, para el estudio de los proyectos de Ley relacionados a la Educación provincial.
Además, los legisladores tienen previsto tratar el proyecto de Ley que plantea estableces en toda persona física y jurídica el derecho al libre acceso a la vista información de los datos de gobierno de los poderes del estado. Por otro lado, se trataría el proyecto de Ley que tiene por objeto primordial la protección y apoyo a las empresas recuperadas por trabajadores organizados en cooperativas.
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