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Así lo resolvió el juez Héctor Tallarico en una audiencia realizada en San Cristóbal. La Defensa de la imputada solicitó la revisión de la medida cautelar, pero la fiscal Hemilce Fissore se opuso. El magistrado dio por acreditados los motivos argumentados por la funcionaria del MPA.
La abuela del niño Maximiliano Sosa continuará en prisión preventiva. Se trata de una mujer de 40 años, quien es investigada por los delitos de sustracción de persona menor de 10 años y falsa denuncia, todo en concurso real. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Tallarico en una audiencia celebrada el pasado jueves en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.
“El defensor particular de la imputada, Aníbal Caula, solicitó la revisión de la medida cautelar impuesta oportunamente a la abuela del menor, y desde la Fiscalía argumentamos por qué creíamos que la mujer debía continuar en prisión preventiva”, informó la fiscal Hemilce Fissore, a cargo de la investigación. En tal sentido, agregó que “pese al transcurso del tiempo, jamás existieron pruebas sobrevinientes aportadas por la Defensa que modificasen la situación procesal de ambos imputados. Sólo se reeditaron una y otra vez los mismos argumentos, que resultaron insuficientes para obtener la libertad”.
La fiscal completó que “el juez dio por acreditados los motivos que expusimos desde el MPA y resolvió que la mujer investigada continúe en prisión preventiva”, agregó.
Tercera vez
La abuela está en prisión preventiva desde el 1 de agosto de 2016. Ése día se realizó la audiencia en la que el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, dictó la medida cautelar para la mujer y para el hombre con el que ella convivía.
“En marzo de este año, el defensor solicitó una revisión de la situación cautelar y el juez Tallarico resolvió mantenerla”, recordó Fissore. “La semana pasada, la medida cautelar fue tratada por tercera vez y, nuevamente, se resolvió mantenerla por encontrarse elementos que permiten creer en la posible autoría y responsabilidad de la imputada y porque las evidencias aportadas por la defensa no han variado esta situación”, detalló Fissore.
La funcionaria del MPA agregó que “también se mantuvo el criterio acerca de los riesgos procesales que implicaría la libertad de cualquiera de los dos imputados. El menor todavía no fue localizado, por lo cual, la libertad podría contribuir al entorpecimiento de la investigación como también a la fuga de los dos imputados”, afirmó la fiscal.
Dos años
Los delitos por los que se investiga fueron cometidos entre el viernes 18 y el lunes 21 de diciembre de 2015 en la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal). “La mujer investigada y un hombre mayor de edad con el que convivía sustrajeron al menor –por entonces de tres años– del poder de su madre sin su consentimiento, lo retuvieron y lo ocultaron para luego desplazarlo a un destino desconocido, por lo cual todavía no se ha podido dar con el paradero del niño”, recordó Fissore.
“El 21 de diciembre, la abuela se comunicó telefónicamente con la comisaría de Ceres y denunció falsamente la desaparición de su nieto, a sabiendas de la inexistencia del hecho denunciado. Por eso también fue imputada por el delito de falsa denuncia”, agregó la fiscal.
Competencia
En relación a la competencia provincial o federal de la investigación, la fiscal señaló que “es una cuestión que todavía no se ha resuelto. En diciembre del año pasado, la Fiscalía promovió una declinatoria por falta de jurisdicción provincial, a efectos de que la causa sea remitida a la órbita de la justicia federal por considerar que las dos personas investigadas deberían ser imputadas por el delito de trata de personas calificada”, sostuvo Fissore.
“En marzo de este año el juez Tallarico resolvió no hacer lugar al planteo hecho por la Fiscalía, motivo por el cual apelamos su resolución. Por su parte, en julio, el camarista de segunda instancia Juan Manuel Oliva, hizo lugar a nuestra apelación y se procedió a la remisión de la causa al Juzgado Federal de Rafaela”, recordó la fiscal. “Sin embargo, en septiembre, el Juzgado Federal rechazó la competencia material y la cuestión ahora es dirimida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, finalizó Fissore.
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