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La empresa de transporte emitió un comunicado contra los embates monopólicos, que, aseguran, ponen en riesgo su riesgo su calidad y su seguridad. Aquí reproducimos el escrito.
El grupo La Tostadense-El Pulqui es una empresa familiar con más de 50 años destinados al transporte de pasajeros en la zona norte de la provincia, especialmente uniendo la cuña boscosa con los principales centros poblados de la región.
Desde aquellos comienzos muy difíciles, por tratarse en su totalidad de rutas de piso natural, hasta el presente donde presta servicios en el orden nacional, no tuvo nunca inconvenientes con los órganos de control que rigen en la materia.
La competencia no quiere competir. Bastó que el gobierno provincial otorgara a la empresa el permiso Nº 279, de fecha 05 de febrero de 2010, que la habilita a explotar un “servicio público e interurbano de transporte automotor de pasajeros entre Avellaneda y Rosario”, en un todo de acuerdo con el decreto Nº 4979/86, para que la principal competencia integrante del mayor grupo aglutinador del servicio en el país declare una abierta guerra comercial.
Lo primero que hicieron fue interponer recursos de nulidad contra el decreto que autoriza a La Tostadense a la prestación del servicio aludido. Simultáneamente, comenzaron una sistemática campaña de denuncias, con el único fin de amedrantar y quedarse monopólicamente una vez más con este mercado, que es nada más ni nada menos que un servicio público.
Las autoridades provinciales de transporte no resisten la presión: Por decreto Nº4403, “se hace lugar parcial a la petición de la empresa de transporte El Norte S.A”. Esto resulta violatorio del más elemental marco de lógica y previsibilidad en el desarrollo jurídico. Lo más inaudito, es que la administración provincial otorga un permiso por el decreto 4973/86 y luego pretende realizar una interpretación diametralmente opuesta del mismo. La empresa se pregunta, qué cambió, porque legalmente el marco normativo es el mismo. Si bien, es bueno decirlo, se basan para ello en elementos que provienen de la Ley 2499 del año 1935, a todas luces obsoleta para aplicar en estas circunstancias.
Inusitado apuro en la recisión del permiso. La empresa afectada interpuso los consabidos casos de revocatoria y nulidad que la severidad del caso requiere, hasta exigir un pronto despacho. En todas las oportunidades, sin obtener respuesta alguna. Convencidos que se trata de un acto administrativo arbitrario, se acudió a la justicia solicitando la aplicación de un medida cautelar autónoma, con habilitación de días y horas.
Sin contestar los requerimientos realizados en sede administrativa ni tampoco aguardar el dictamen de la justicia, las autoridades de transporte en un apuro que para otros menesteres no poseen, procedió a ejercer el uso de la fuerza pública para impedir la prestación del servicio aludido.
La empresa llama a la reflexión de las máximas autoridades de gobierno de la provincia. Los empresarios enfatizan que de quedar firme esta medida, el transporte de pasajeros habrá de retroceder varios años, cuando existía un solo prestador. Las autoridades deben comprender que con este servicio se ganó en calidad, confort y lo más importante, en seguridad. “Quien será responsable de un siniestro, se preguntan, de ocurrir un accidente por permitir circular a vehículos y choferes que muy dudosamente aprobarán las exigencias a las que deben someterse, de existir un verdadero control. Finalmente, se agradece a las comunidades afectadas por el masivo apoyo recibido y se comprometen a seguir bregando para revertir tan arbitraria decisión gubernamental.
Muchas gracias.
Grupo La Tostadense y El Pulqui
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