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Ganadería y cultivos, severamente afectados en 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal
El impacto de la sequía en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal ha alcanzado un punto crítico. El pasado lunes, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria recomendó la declaración de emergencia o desastre agropecuario en estas zonas debido a los severos daños sufridos en las actividades productivas, especialmente la ganadería y la producción de trigo. La medida, que entró en vigor el 1° de septiembre, se extenderá por seis meses. Mientras tanto, se espera la homologación por parte de la Nación para activar beneficios adicionales.
La sequía, que no da tregua en la región, ha afectado de manera dramática a los rodeos de bovinos, ovinos y caprinos, generando un descenso significativo en la capacidad productiva de los campos. Esta situación pone en jaque no solo a los productores locales, sino también a la estabilidad económica de la región, que depende en gran medida de estas actividades. Los productores agrícolas y ganaderos han visto cómo los pastos escasean y los costos de alimentación y mantenimiento se disparan, obligándolos a tomar decisiones drásticas para mantener sus explotaciones a flote.
En respuesta a este panorama desolador, el gobierno provincial ha implementado medidas fiscales que buscan aliviar la carga de los afectados. Los productores que se encuentran en las zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario podrán acceder a prórrogas o exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural, lo que representará un alivio financiero temporal para quienes ven sus ingresos reducidos debido a la falta de producción. Sin embargo, la ayuda podría ampliarse aún más si el gobierno nacional homologa esta declaración, lo que habilitaría la posibilidad de recibir beneficios en impuestos como Ganancias.
La homologación nacional: clave para más beneficios
La expectativa de los productores y funcionarios ahora se centra en la homologación de la medida por parte de la Nación. De concretarse, se abrirían las puertas a mayores apoyos, no solo en términos de beneficios fiscales, sino también en asistencia directa para paliar los efectos de la sequía. Además de los incentivos relacionados con el Impuesto a las Ganancias, podrían activarse fondos especiales que permitirían a los productores acceder a créditos blandos o ayudas económicas directas que contribuyan a superar esta crisis.
Mientras tanto, el sector agropecuario se enfrenta a un futuro incierto. La escasez de agua no solo afecta la capacidad de los suelos para sostener el pasto y los cultivos, sino que también tiene un impacto en el abastecimiento de agua para los animales. Este contexto agrava la situación, obligando a muchos productores a deshacerse de parte de su ganado ante la imposibilidad de mantenerlos alimentados y en condiciones saludables.
Los departamentos más afectados, como 9 de Julio y Vera, han reportado pérdidas millonarias en términos de producción, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en el abastecimiento local y la exportación de productos agropecuarios. La ganadería, en particular, ha sido uno de los sectores más golpeados, con la muerte de animales y la reducción de los nacimientos debido a las malas condiciones climáticas. Los especialistas advierten que la recuperación de los rodeos podría llevar años, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en los próximos meses.
Impacto en la economía local y en la seguridad alimentaria
La declaración de emergencia agropecuaria no solo busca mitigar las pérdidas económicas de los productores, sino también asegurar la estabilidad alimentaria en la región. La falta de lluvias y las altas temperaturas han generado una disminución en la producción de forraje, lo que afecta directamente a la capacidad de alimentar al ganado. Este factor, combinado con la escasez de agua, ha hecho que los costos de producción se eleven exponencialmente, poniendo en riesgo la rentabilidad de muchas explotaciones.
Por otro lado, la producción de trigo ha sufrido un fuerte retroceso. Las expectativas de cosecha se han visto reducidas significativamente, lo que podría generar un impacto negativo en la cadena de suministro local. Los productores que apostaron por este cereal enfrentan un panorama desalentador, ya que las proyecciones iniciales de una buena temporada se vieron truncadas por la falta de agua. Esto también podría traducirse en un aumento en el precio del pan y otros productos derivados del trigo, afectando a los consumidores en el corto y mediano plazo.
En este contexto, es crucial que los distintos niveles de gobierno trabajen en conjunto para ofrecer soluciones integrales a una crisis que no solo afecta a los productores, sino también a las comunidades rurales que dependen de la actividad agropecuaria para su sustento. La pérdida de empleos y la migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades son algunas de las consecuencias sociales que ya se comienzan a sentir en las zonas más afectadas.
Perspectivas a futuro: ¿Hay soluciones a largo plazo?
Frente a este escenario, los expertos coinciden en la necesidad de implementar políticas a largo plazo que permitan al sector agropecuario enfrentar las sequías recurrentes. Si bien las medidas fiscales temporales son un alivio necesario, se requiere una infraestructura hídrica más robusta y estrategias de manejo de recursos más eficientes para evitar que situaciones como esta se repitan con tanta frecuencia.
Una de las propuestas que ha ganado fuerza en los últimos años es la implementación de sistemas de riego tecnificados que optimicen el uso del agua en las zonas más afectadas por la sequía. Sin embargo, la inversión necesaria para estos proyectos es elevada, y muchos productores carecen de los recursos para llevarlos a cabo sin el apoyo del Estado o de organismos internacionales.
Otra alternativa que ha sido discutida en diversos foros es la diversificación de cultivos y la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles, que permitan a los productores adaptarse mejor a los cambios climáticos. Esto implica una transformación profunda en la forma en que se lleva a cabo la agricultura en regiones como Santa Fe, donde históricamente se ha dependido de la ganadería y de ciertos cultivos específicos.
El desafío, entonces, no es solo superar la crisis actual, sino también construir un modelo productivo más resiliente que permita al sector agropecuario enfrentar con éxito los desafíos que plantea el cambio climático. Para ello, será fundamental que los productores, los gobiernos y las instituciones trabajen de manera conjunta, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las mejores prácticas internacionales en gestión de recursos naturales.
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