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Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dicen que el senador Orfilio Marcón es "nostalgico del terrorismo de estado" parafraseando al fiscal que acusó al ex Personal Civil de Inteligencia Juan José Luis Gil.
Carta textual
Marcòn, el legislador nostàlgico
En el juicio oral que terminò con la condena del ex Guardia Rural Los Pumas y ex PCI -Personal Civil de Inteligencia- el Fiscal Federal del Tribunal Oral Nº 1 de Santa Fe, en parte de su alegato final refierièndose al imputado Juan Josè Luis Gil lo caracterizò como "un nostàlgico del terrorismo de estado".
Parafraseando al Fiscal podemos señalar que el Senador Provincial por el Departamento general Obligado "es un nostàlgico del terrorismo de estado". No son los ùnicos. Podemos engrosar esta lista con muchos que desde los mas variados lugares, el empresario industrial y agropecuario, el profesional, lamentablemente tambièn desde la docencia y -peor aùn- desde algùn medio de difusiòn reclaman mano dura y arremeten contra lo que dan sobradas muestras de desconocer: los derechos humanos.
En el caso de Marcòn el caso adquiere otra connotaciòn ya que este personaje es un representante del Departamento General Obligado en el Senado. Llegò a eses lugar por el voto de los ciudadanos de esta zona luego de haber sido elegido Intendente de la ciudad de Avellaneda y reelegido en otras tres oportunidades.
No deberìa desconocer la Constituciòn de nuestra provincia ni la de la Naciòn. Mucho menos deberìa desconocer que en 1994 hubo un Congreso Nacional Constituyente en la ciudad que reformò la Constituciòn e incorporò a la misma once tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Tampoco deberìa desconocer el Senador que la Repùblica Argentina fuè pionera en materia de derechos civiles quedando esto reflejado en el artìculo 102 de la Constituciòn reformada, hoy artìculo 118. Tampoco ignorarà el legislador que ya en 1810 el General Manuel Belgrano en el Reglamento Provisional redactado el 30 de diciembre de ese año en Misiones establecìa medidas protectoras de la seguridad individual prohibiendo -entre otras medidas- "el castigo a los naturales" como sucedìa en los yerbatales.Tampoco desconocerà el Senador que la Asamblea del año XIII aboliò no solo en la letra, sino tambièn en la pràctica todos los instrumentos de tortura.
Antecedentes importantes que pasaron a ser parte del artìculo 18 de la Constituciòn reformada. Posteriormente, en el siglo siguiente en el artìculo cinco de la Declaraciòn Universal de los Derechos del Hombre se establecìa que "Nadie serà sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
En uno de los considerandos del Preàmbulo de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos se establece que "el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad..."
Este Senador no reaccionò de la misma manera cuando en el 2008 grupos afines a èl polìtica e ideològicamente asolaron las rutas de gran parte de nuestro paìs impidiendo el libre trànsito garantizado constitucionalmente provocando desabastecimiento violando el primer derecho humano que es el derecho a la alimentaciòn.
Marcòn es el ùnico legislador, tal vez del paìs, que visitò a un detenido imputado en una causa que investigaba delitos cometidos durante la dictadura elevada a juicio oral donde se investigaban amenazas a testigo, querellantes y autoridades de un Juzgado. Ese detenido, luego condenado a cinco años de prisiòn es Juan Josè Luis Gil. Por eso la cita del principio, los une la nostalgia.
Nostalgias por una manera similar de ver y entender las relaciones entre distintos sectores de la sociedad. Mano dura para unos, permisibilidad para otros, los grupos comerciales o econòmicos.
No casualmente el gremio involucrado en el conflicto que motivò la reacciòn de las fuerzas vivas de la zona antes de la balacera, fuè intervenido durante la dictadura militar por la misma persona que desalojò con armas en la mano a las autoridades democràticas de la municipalidad de Reconquista. Los nostàlgicos de la dictadura añoran el trato con los gremios que tenìa el ex Capitàn de la Fuerza Aèrea Danilo Sambuelli interventor en el municipio y en la UOCRA.
Los que militamos en el amplio espacio nacional y popular y compartimos luchas con los compañeros del sindicalismo tenemos diferencias muy importantes con la manera de hacer polìtica y gremialismo de algunas cùpulas de este sector. En muchos casos los trabajadores se encuentran entre la espada y la pared, entre patrones que los explotan y sindicalistas que no los representan por lo tanto no los defienden, que se ocupan de sus ingresos personales muchos de ellos no pudiendo justificar sus bienes.
El caso de la UOCRA en nuestra zona tiene una diferencia particular con otras seccionales de otros gremios. Aquì fuè intervenida por el Capitàn Sambuelli procesado y juzgado en la ciudad de Santa fe por violaciones a los derechos humanos.
En la dècada del 70 muchos sindicalistas a espaldas de los intereses de los afiliados colaboraron en la represiòn de trabajadores que cuestionaban este comportamiento. Se rodearon de matones, colaboraron con grupos de ultraderecha en secuestros y asesinatos de militantes populares, siendo la màs acertada expresiòn de esto la denominada masacre de Ezeiza. Luego del golpe del 76 algunos de ellos se reciclaron en estructuras destinadas a la represiòn de opositores cumpliendo diferentes tareas. El mejor ejemplo de esto es la pertenencia de Gerardo Martinez, Secretario Nacional de la UOCRA a Batallòn 601 de Inteligencia del Ejèrcito como Personal Civil de Inteligencia (PCI). En la ciudad de Santa Fe, al hacer pùblica la Ex Ministra de Defensa Nilda Garrè las listas de PCI surgiò como integrante de los servicios Amèrico Barcos, juzgado y condenado luego de ser reconocida por una vìctima como una de las personas que la detuvo y torturò.
Barcos estaba afectado a "tareas gremiales" en la UOCRA seccional Santa Fe.
El hecho gravìsimo ocurrido en el domicilio del arquitecto Luis Nardelli debe ser investigado y èl ò los responsables del mismo deben ser puestos a disposiciòn de la justicia.
No debemos dejar por alto que el arma utilizada es una pistola 9 mm, de uso reglamentario para las fuerzas de seguridad. El juez que interviene en la causa tiene ya de donde partir para resolver el caso.
Desde los organismo de derechos humanos jamàs hemos defendido el accionar de delincuentes. Someterlos al cumplimiento de la justicia no es una situaciòn de privilegio para nadie,involucra a todos las que la trasgreden.
Desconocer lo escrito en la Constituciòn Nacional y/o provincial no implica una grave falta para un funcionario de la democracia que ameritarìa que nosotros -ciudadanos- solicitemos la renuncia del funcionario en cuestiòn ?
Alejandro Còrdoba
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Reconquista
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