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Julio de Olazábal hizo la presentación esta mañana ante la Cámara de Senadores.
Destacó el incremento de la cantidad de juicios orales y públicos y el aumento de la cantidad de personas privadas de su libertad. También se refirió al índice de individualización formal en las investigaciones por homicidios, que se asemeja a los estándares internacionales. Fue su última presentación, debido a que el año que viene finaliza su mandato.
El Fiscal General del MPA, Julio de Olazábal, presentó su quinto Informe de Gestión ante la Legislatura. Fue hoy a la mañana, y se trató de la última presentación de este tipo que realizará, debido a que el año que viene finaliza su mandato.
Olazábal comenzó su presentación afirmando que “transparencia e información pública fueron elementos de la democrática respuesta que los poderes constitucionales de la Provincia de Santa Fe adoptaron como pautas que debían impregnar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal establecido en nuestra provincia de Santa Fe”.
Luego repasó los cambios del sistema procesal penal provincial y sostuvo que “nuestra provincia tenía un procedimiento penal atado a un remoto pasado colonial, que enfrentaba las disposiciones de la Constitución Nacional en grado tal, que terminó sufriendo sucesivas descalificaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En tal sentido, agregó que “la reforma se convirtió en una verdadera cuestión de Estado en la que coincidieron y a la que aportaron todos los representantes de los partidos políticos con independencia de su signo. Habiéndosele dado inicio con la convocatoria en el año 2006 a la conformación de un 'Plan estratégico para la justicia santafesina', de allí resultó un proyecto de Código que en 2007 fue aprobado bajo ley N°12.734, en los años siguientes se sancionaron sucesivamente numerosas leyes de implementación que eran imprescindibles para finalmente ponerse en efectiva vigencia efectiva el Código en febrero de 2014”.
El titular del MPA reconoció que “hubo inconvenientes, por supuesto, pero la mayoría se superaron o se superarán. No fue en ese sentido un dato menor la constitucionalmente inevitable ubicación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal dentro del Poder Judicial, ya que resultó difícil conciliar la existencia de esas dos instituciones autónomas dentro de un Poder que registra como cabeza constitucional a una Corte Suprema de Justicia; sin embargo, ello se fue logrando en la medida de lo posible -seguramente no de lo deseable- sobre todo a consecuencia de la decisión adoptada por el máximo Tribunal provincial respecto a que se respetaría la independencia de las instituciones en la medida en que ello fuera necesario para la existencia del sistema procesal de corte acusatorio que requería la Constitución”.
Indicó que “quedan pendientes de solución algunos temas indudablemente importantes para la sociedad y la administración de Justicia, cuales son los relacionados con la comisión de Faltas o Contravenciones, el tratamiento de menores incursos en conductas delictivas y el establecimiento de Juicios por jurados, sin embargo su solución requiere detallados estudios y múltiples esfuerzos para llegar finalmente al dictado de las leyes necesarias”.
Por último, concluyó que “no obstante que en este tiempo se ha evidenciado suficientemente que dentro del nuevo sistema de justicia penal quien actúa como verdadero motor de su funcionamiento es el MPA, por ser a quien le corresponde primordialmente el impulso procesal, de allí que celebro el reconocimiento implícito que de esto se encuentra en la atención crítica que al mismo presta esta Legislatura”.
Juicios orales y públicos
Durante el primer año de funcionamiento del sistema (desde el 10 de febrero) se realizaron 11 juicios orales y públicos. Por su parte, en 2015, se llevaron a cabo 38 juicios, es decir, la cantidad fue superior al triple. En tanto, en 2016 (de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre) casi que se duplicará la cantidad de juicios realizados en 2015: de 38 se pasó a 74.
En total, desde que entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal (incluida la proyección al 31 de diciembre de 2016) se contabilizan 123 juicios orales y públicos.
Homicidios
En 2015, hubo 432 víctimas de homicidios dolosos en toda la provincia, registradas en 419 hechos. Sobre 419 investigaciones iniciadas, 23 fueron derivadas a la Justicia de Menores, 2 a la Justicia Federal, en 197 se tomaron audiencias imputativas, en 14 se libraron órdenes de detención que no han sido efectivizadas y 11 fueron concluidas sin imputativa pero con el autor individualizado. En total, se encuentran identificados formalmente casi seis de cada diez de los presuntos autores de estas muertes violentas, al 20 de agosto de 2016.
Al igual que para 2014, para este período se observan diferencias en los indicadores en los distintos territorios de la provincia.
En el departamento La Capital se individualizó al menos un presunto autor en el 42% de los homicidios. De los casos acontecidos durante 2015, 3 investigaciones pasaron a la Justicia de Menores, en 40 se tomaron audiencias imputativas y en 3 se libraron órdenes de detención que no fueron efectivizadas. Cabe advertir que se trata de investigaciones de hechos recientes (para el mes de septiembre de 2015, un indicador análogo a este sobre los homicidios sucedidos en La Capital en el año 2014 arrojaba un 48%).
En el departamento Rosario se individualizó al menos un presunto autor en el 55,7% de los homicidios. De los casos acontecidos durante este período, 12 investigaciones pasaron a la Justicia de Menores, 1 a la Justicia Federal, en 96 se tomaron audiencias imputativas, en 11 se libraron órdenes de detención que no fueron efectivizadas y en 7 se cerraron formalmente los procesos con los autores identificados pero sin la realización de audiencias imputativas.
Por otra parte, en Castellanos ha sido formalizada la individualización de 20 de los 23 presuntos autores de los homicidios que tuvieron lugar en el departamento en el año 2015 (95,2%) en San Lorenzo 13 de 15 (86,7%) y en General López 13 de 16. Todos los autores de las muertes intencionales registradas en Caseros, General Obligado, Iriondo, Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, San Martín y Vera han sido individualizados formalmente. Esa medida está pendiente en 2 de los 3 homicidios registrados en Constitución; en 1 de los 2 que tuvieron lugar en Garay; y en los 2 que acontecieron en San Jerónimo.
En total, fuera de los departamentos La Capital y Rosario han sido formalmente individualizados los autores de casi nueve de cada diez homicidios (87,8%).
Se considera que este indicador puede compararse, de manera preliminar, con la tasa de esclarecimiento publicada para Estados Unidos en el informe “Homicide Trends in the United States, 1980-2008”, del U.S. Department of Justice, del año 2011. En el mismo se considera que “las agencias de aplicación de la ley esclarecen o resuelven un delito cuando al menos una persona es arrestada, acusada de la comisión del delito y remitida a los tribunales para una acusación. Las agencias de aplicación de la ley también pueden esclarecer un delito por medios excepcionales, tales como cuando un ofensor identificado muere durante su aprehensión o comete suicidio”. Este reporte informa que el 64% de los homicidios cometidos en Estados Unidos en 2008 fueron esclarecidos.
Otro dato que sería, en principio, comparable con el que contiene este reporte es el que provee el Informe Global de Homicidios publicado por Naciones Unidas. En el mismo se establece que el “esclarecimiento”, en los homicidios, se produce cuando la policía identifica y arresta a uno o a varios sospechosos por un homicidio particular y el caso es derivado al servicio de acusación. A nivel global, la tasa de esclarecimiento que informan, para el año 2012, se encuentra apenas por encima del 60%. En Europa y en Asia son más elevados (85% y 80%), y en América del 50%. Es importante tener en cuenta que la definición se refiere puntualmente a actividades de la institución policial.
Privaciones de libertad
En cuanto a las personas privadas de su libertad, en 2014 fueron 4.560, mientras que en 2015 el número se incrementó a 4.714.
A futuro
Olazábal dijo que “si bien el año que viene finaliza su mandato, en el tiempo restante pondremos aún mayor énfasis, si es posible, en la atención de las víctimas y de las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad entre las que ubicaremos en lugar preponderante a las mujeres”.
También adelantó que “en relación a la violencia institucional, pese a todos nuestros esfuerzos, entre los que se incluye el dictado y aprobación de todas las reglamentaciones internas necesarias, debo reconocer que no hemos podido aún poner en marcha las proyectadas Fiscalías especializadas en tal sentido y con dependencia directa de la Fiscalía General. Es mi decisión sin embargo, cuando finalicen los concursos destinados a cubrir los cargos aún vacantes de Fiscales, destinar algunos de ellos a la creación de tales Fiscalías especializadas, sobre cuya necesidad no tengo ni la más mínima duda”.
El Fiscal General insitió con el Organismo de Investigaciones y señaló que “sigo poniendo todo mi empeño en colocarlo en funciones. Los avances que a tal efecto se han producido principalmente en las circunscripciones judiciales Santa Fe y Rosario son muy importantes. De allí que seguramente en los próximos meses lograremos hacer realidad el ansiado proyecto”.
Como indica la ley
El artículo 7 de la ley provincial número 13.013 establece que “el Fiscal General deberá presentar en audiencia pública ante el Poder Legislativo, y en forma alternada ante cada Cámara, el informe sobre su gestión. Deberá dar cuenta de las actividades y de los resultados obtenidos en el período; el uso de los recursos otorgados; una mención de los obstáculos y problemas planteados y medidas adoptadas para superarlas; la indicación de aquellas propuestas que permitan mejorar el servicio y expondrá los criterios de actuación que se aplicarán en el período siguiente”.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
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