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La violencia contra la mujer, la violencia de género y los delitos contra la integridad sexual no aparecieron el 10 de febrero de 2014 con la implementación de un nuevo sistema de Justicia en la provincia de Santa Fe
Tampoco emergieron en esa fecha los homicidios, los delitos contra la propiedad, ni aquellos que atentan contra la libertad de las personas. Estas problemáticas estuvieron siempre presentes y eran conocidas por todos.
Lo que sí provocó la puesta en marcha del sistema penal acusatorio fue la implementación de un nuevo paradigma, que obliga a la Justicia a rendir cuentas de sus actos, de su carga de trabajo, y de las respuestas que obtiene en aras a la solución de conflictos.
Esta semana, los medios masivos de comunicación de todo el país publicaron información relacionada a tres casos que estamos investigando en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial. Los tres casos son por abusos sexuales, delito que se encuadra en la violencia contra la mujer y de género.
Según ONU Mujeres, la violencia de género -concepto más amplio que la violencia contra las mujeres- se refiere a aquélla dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura. Por eso es que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que lo ocurrido en el norte provincial son delitos que responden a patrones culturales patriarcales representados en la figura del hombre. Así, mediante violencia, se pone en riesgo la vida, la integridad, la libertad y, por supuesto, la indemnidad sexual de la mujer en cualquiera de las etapas de su vida.
Para quienes vivimos en el norte santafesino, esto no es sorpresa. Lo que sí resulta novedoso es la investigación penal de estos casos. En otras palabras: esa olla a presión que nunca explotaba, vino a ser destapada gracias a la implementación de un nuevo paradigma de Justicia. Éste es el punto de inflexión que permite palpar con claridad las diferencias entre el viejo sistema procesal penal y el que comenzó a regir en 2014. Como señala Alberto Binder, se trata de un “duelo de prácticas, de un enfrentamiento entre las viejas y las nuevas, entre la tradición de las prácticas inquisitoriales y las nuevas formas de actuación del modelo adversarial”.
Ése es el velo que logró correrse. Y lo que apareció detrás fueron 950 hechos por violencia de género denunciados, en 26 meses, sólo en la Cuarta Circunscripción Judicial, a partir de las cuales se iniciaron las correspondientes investigaciones fiscales. De ese total, 280 legajos fueron por delitos contra la integridad sexual.
En todos estos casos, están garantizadas las audiencias públicas; la celeridad de resolución de las causas; el control popular; el contacto diario de los fiscales con la prensa para que se informe correctamente a la ciudadanía; y, fundamentalmente, el acompañamiento que desde el MPA (Ministerio Público de la Acusación) se brinda a las víctimas de delitos tan sensibles. “La publicidad asegura el control, tanto interno como externo de la actividad judicial, pues el procedimiento debe realizarse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y su defensor”, sostiene con claridad el reconocido jurista nacido en Italia, Luigi Ferrajoli.
La realidad de nuestra zona confirmó cuán impostergable era la elaboración de un plan de trabajo al respecto. En el armado organizacional y al momento de concursar los cargos de funcionarios del MPA de la Cuarta Circunscripción Judicial, tuvimos especialmente en cuenta aquellos aspectos vinculados con la orientación a la víctima del delito. Además, se crearon cargos y áreas dentro de las unidades fiscales con personal especializado en abordaje victimológico. Se conformaron consejos y comisiones asesoras zonales con representantes de los municipios y comunas de la zona.
Con ese horizonte a la vista, a tres meses de iniciado el sistema, la Fiscalía Regional 4 elaboró y puso en práctica la “Guía de Buenas Prácticas en casos de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”. Se trata de un documento clave que establece pautas de trabajo comprometidas con una atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. El plan de acción está trazado y, sin dudas, es perfectible. No obstante, los rápidos y concretos avances logrados en los tres casos de abusos sexuales que fueron noticia nacional en los últimos días, nos confirman que vamos por el buen camino. Las prioridades en materia de persecución penal están a la vista y son conocidas por toda la ciudadanía, sin secretos ni oscurantismos. El trabajo de estos dos años nos permite decir que la orientación de nuestras energías en ese rumbo, no es una casualidad.
Por Eladio García
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