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El exministro de Seguridad de la Provincia, un exsecretario y un exsubsecretario de la misma cartera fueron imputados hoy en el marco de un legajo en el que el MPA investiga el accionar de las tres personas –cuando eran funcionarios públicos– en una licitación para comprar armas para la Policía de Santa Fe.
El exministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, un exsecretario y un exsubsecretario de la misma cartera fueron imputados hoy en el marco de un legajo en el que el MPA investiga el accionar de las tres personas –cuando eran funcionarios públicos– en una licitación para comprar armas para la Policia de Santa Fe.
Además del extitular de Seguridad, también fueron imputados el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Modalidad delictiva
En la audiencia realizada esta mañana, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe. El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiario indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL,
También se dijo que las interrupciones indebidas de los funcionarios en el proceso lícito comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se modificaron, consistieron en la realización de acciones ardidas para impedir a posibles oferentes realizar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podría cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.
Según se registró, esta particularidad fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y anunciada al Ministerio de Seguridad. En la audiencia de esta mañana también se hizo aumentar en que, a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego y frecuente que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debe incluir varios artículos. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros.
Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que sólo podían ser esperados por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL En ese sentido, la Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiario.
Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra. En esta oportunidad, presentó un “informe político-técnico” en el que planteó que la licitación se realizaría en los términos pretendidos.
La Fiscalía manifestó que, ffinalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la provincia), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
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