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Harán planteos administrativos y judiciales para beneficiarse con el fallo de la Corte que restituyó fondos a tres provincias. El presidente electo criticó la demora de la Corte para elaborar este fallo.
Se prepara una batalla judicial y política con una meta estratégica: recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de 20 años, y así ganar autonomía frente al nuevo ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri.
La ventana para ese planteo se abrió el martes con un fallo de la Corte Suprema. La resolución -acotada a Córdoba, Santa Fe y San Luis- declara inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15 % de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social. Si bien esa medida se aplica a las tres jurisdicciones que hicieron reclamos, otras quieren conseguir el mismo beneficio.
En estos días, Misiones, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa y Chaco evalúan cursos de acción y presentaciones similares, que hará cada una por su cuenta, según confirmaron a LA NACION.
La pelea involucra cifras potentes. Consultado por LA NACION, Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó que este año las provincias resignaron fondos por 60.391 millones de pesos. Hacia adelante, el monto podría ser jugoso: si todos los distritos recuperaran el 15% en 2016 podrían embolsar, según estimaciones preliminares, unos 80.000 millones extras.
Rápido, el misionero Maurice Closs adelantó que pasado mañana elevará una medida cautelar ante la Corte y enviará una nota al Ministerio de Economía. Queda abierto el expediente antes de que asuma la gobernación su actual vice y sucesor, Hugo Passalacqua.
En Mendoza, Francisco Pérez, a través de la Fiscalía de Estado, como primer paso despachó cartas documento a la AFIP, Economía y el Banco Nación para impedir que concreten el recorte. No será una jugada peronista: su heredero Alfredo Cornejo, de Cambiemos, dio su palabra de que continuará la lucha.
"Estamos obligados a reclamar, lo que no quiere decir que no vayamos a dialogar", esbozó un gobernador, en una señal para que el PJ no aparezca metiendo palos en la rueda. "Todos vamos a aprovechar esta puerta que se abrió", aseguró otro.
El famoso tijeretazo sobre el que falló la Corte tiene su origen en 1992. Cuando Carlos Menem decidió la privatización del sistema previsional, se acordó el descuento del 15% a las provincias, que con el tiempo tuvo sucesivas prórrogas. Como contrapartida, esos fondos se destinarían a financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), mientras las jurisdicciones transferían al gobierno central las cajas jubilatorias.
Hasta 1997, 11 de los 24 distritos lo hicieron. Ya con Néstor Kirchner en el poder, en 2006, venció un pacto que sostenía la deducción del 15% de coparticipación y el patagónico impulsó la ley 26.078, no refrendada por algunas provincias en sus Legislaturas, y ahora declarada inconstitucional, en su artículo 76. /La Nación/
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