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Pide que se investigue la presunta responsabilidad en el ámbito público y privado en la falsificación de instrumentos públicos en venta de inmuebles que se utilizaban para engañar a terceros, ocultación de las ganancias ilícitas y su probable posterior blanqueo
El gobierno provincial pidió que se investigue la presunta responsabilidad en el ámbito de la administración pública y en la actuación de profesionales privados, en la falsificación de instrumentos públicos en venta de inmuebles que se utilizaban para engañar a terceros, ocultación de las ganancias ilícitas y su probable posterior blanqueo. Los hechos están vinculados a una causa penal de 2013 que investigó a tres escribanos santafesinos por dobles titularidades de varias decenas de inmuebles en la provincia.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es quien presentó una grave denuncia por el presunto accionar ilícito por “la falsificación material e ideológica de instrumentos públicos (incluso privados por verificarse, por ejemplo, la redacción de Boletos apócrifos), la no aplicación de leyes o la omisión funcional de actos de oficio de funcionarios, el fraude o ardid ( al menos en la modalidad oblicua en triangulo) para engañar a terceros y el probable lavado de las ganancias obtenidas ilícitamente”
De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios en la denuncia presentada el pasado 19 de julio: “Esta presentación se concreta, por nuestra obligación como funcionarios y por datos recibidos, ante el conocimiento de que se habrían llevado a cabo conductas que afectarían al orden público, a la administración Pública, a la Fe Pública, a la Propiedad de distintas personas y al Orden Socio Económico”
En el mismo texto los funcionarios explican que “no hemos denunciado los hechos con anterioridad, sin perjuicio que nos impusimos de la existencia de un proceso que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción Nº 2 de Santa Fe (Galván, Pablo s/ Falsificación de documento ) en el que podrían estarse investigando acontecimientos conectados o vinculados con los que aquí anoticiamos”.
Si bien en la denuncia no se formula imputación particular, acompañan material surgidos de investigaciones administrativas, de las que surgen irregularidades, solicitando a la justicia que determine quienes serían los responsables y según agregan, “de las medidas probatorias que seguramente se practicarán, permitirán concretar imputaciones precisas”.
Los hechos
Según explica el director provincial del Registro General de Inmuebles, Matías Ezequiel Figueroa: “El 3 de mayo de este año ingresó al Ministerio una nota firmada por un grupo de particulares , informando que eran titular dominiales de una fracción de terreno ubicada en el Paraje “Monte de los Padres”, y denuncian que han verificado una inexplicable irregularidad, que consiste en la existencia de una nota marginal que indicaría una doble titularidad, cuando ellos – como legítimos dueños- jamás habían vendido el inmueble”.
Figueroa agrega que “nosotros verificamos los hechos denunciados, y efectivamente nos encontramos con múltiples titulares del inmueble, sin que existan transferencias reales por instrumentos públicos. Luego procedimos a realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, y de ellas surgirían varios episodios y maniobras similares, vinculados con distintas propiedades. Nosotros acompañamos en la denuncia ante el Fiscal, las copias de todos los legajos presuntamente falsificados, para que sean examinados. Y le pedimos a ellos que determinen las responsabilidades penales que puedan caber”.
De acuerdo a lo denunciado, y fundándose en documentos que aparentemente resultan desde el punto de vista probatorio una muestra irrefutable de las irregularidades cometidas, los funcionarios le solicitan al Ministerio Publico de la Acusación que ahonden en la investigación ya que de los hechos “ podrían conducir o tener como propósito la ocultación de la ganancia o beneficio obtenido ilícitamente con su consecuente y necesaria exteriorización a través de maniobras u operaciones de blanqueo y/o lavado de dichos activos obtenidos de manera ilegal; para luego, y esto también debe investigarse, tratar de ingresar dicho producido en el mercado o comercio formal”.
Los funcionarios, además, le piden a la Fiscalía que los cite para ratificar la denuncia, que se convoque a los denunciantes del presunto fraude y se cite como testigos a los empleados intervinientes; y adjuntan toda la documental surgida de la investigación administrativa.
Fuente: rosario3
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