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"Con el nuevo cuadro tarifario, la EPE deberá pagar a la distribuidora de energía 3.800 millones de pesos más y esa diferencia será trasladada a las tarifas. “Esa es la cifra exacta de las exenciones impositivas”, manifestó el diputado provincial Carlos Del Frade, que propone la reforma del Impuesto a los Ingresos Brutos.
El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, participó esta semana de la reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos con el directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE) para conocer el impacto que tendrá en los usuarios la quita de subsidios aplicada por el gobierno nacional.
Según el presidente del directorio de la empresa, Raúl Stival, la previsión para este año era pagarle a la distribuidora Cammesa 1.000 millones de pesos por consumo de energía y, de acuerdo con el nuevo cuadro vigente desde el 1º de febrero, habrá que pagarle 4.800 millones, lo que significa una diferencia de 3.800 millones que será transferida a la tarifa.
“La vida cotidiana de las mayorías santafesinas se verá afectada por el fuerte aumento en la tarifa de luz. El problema es de dónde sacar 3.800 millones de pesos. Nosotros apuntamos que, curiosamente, esa es la cifra exacta de las exenciones impositivas que tiene el presupuesto votado por las fuerzas tradicionales. Y que es fundamental pensar en mecanismos para que no siempre paguen las familias y el pueblo santafesinos”, manifestó Del Frade.
Luego agregó: ¿Se pueden sacar esos 3.800 millones de pesos de otro lado que no sea de los bolsillos de la gente común? Nosotros creemos que sí. Que hay empresas exportadoras que no pagan Ingresos Brutos desde 1991 y que facturan miles de pesos por minuto. Que alguna vez -quizás sea esta la oportunidad- se discuta en serio quiénes pagan y quiénes no en esta provincia rica pero que acostumbra a descargar sus costos sobre los que son más”.
Cabe destacar que el diputado, en noviembre del año pasado, presentó un proyecto de ley, junto a su compañera de banca Mercedes Meier, que propone gravar con el Impuesto a los Ingresos Brutos a las cerealeras exportadoras exentas desde el año 1991, a partir de distintos pactos fiscales. Según los diputados, 12 empresas asentadas sobre la ribera del río Paraná facturaron durante 2014 casi 220.000 millones de pesos y se encuentran exentas del pago del tributo.
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