Problemática sin solución: proponen penalizar el uso indebido de agroquímicos

Hace ocho años que el poder político no puede ponerse de acuerdo en la provincia para modificar la ley de fitosanitarios, que regula el uso de agroquímicos. Las presiones del mercado, de los productores sojeros y de los aplicadores pudieron más que los ambientalistas. Sin embargo, en la Cámara baja se volvió a la carga con el debate del tema.

Esta vez fue la diputada del partido Pares, Verónica Benas, quien presentó un proyecto ley para incluir el uso indebido de agroquímicos en el Código de Faltas de Santa Fe. Si bien el texto no legaliza sobre la cuestión de fondo, es decir cómo, cuánto y hasta dónde se puede fumigar, propone ampliar el alcance del artículo 135 para sancionar con multas o arresto a quien practique, autorice u ordene aspersiones sin contemplar las normas de seguridad.

“Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”, explicó la legisladora santafesina. En su proyecto, prevé sanciones con arresto de hasta 60 días o multa de hasta 400 jus (más de 2.500 pesos), “a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general”.

“Estamos proponiendo una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor por la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso”, explicó Benas. Además, dijo que se sabe que la ley 11.273 –de fitosanitarios– prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, “pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites”.

Asimismo, indicó que esta legislación específica se encuentra en revisión legislativa desde hace varios años, luego de las denuncias, fallos judiciales y polémicas desatadas por la aplicación de estos productos. En ese marco se sancionaron ordenanzas en municipios y comunas de la provincia que han atendido a la preocupación de la comunidad por preservarse.

“Creemos que la regulación propuesta se encuadra perfectamente en el Título VIII del Código de Faltas, cuando se refiere a la salud pública y el equilibrio ecológico, y más específicamente a la utilización de productos peligrosos. Para esto agregamos a la sanción de arresto ya vigente, una multa en jus, graduable por el juez, que es equivalente a las previstas en la ley 11.273 en base a litros de gasoil”, agregó la legisladora.

“Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias, teniendo en cuenta que se pueden realizar en las dependencias policiales en todo el territorio de la provincia”, dijo Verónica Benas, y remarcó que su proyecto contribuirá a promover el control social en el cumplimento de las normas que regulan el manejo responsable de los fitosanitarios.