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Entre viernes y sábado, se entregaron 11 notificaciones en seis departamentos, con un monto total que supera los 36 millones de pesos.
Las medidas forman parte de una estrategia administrativa y patrimonial que busca que los adultos responsables asuman el costo de los operativos de seguridad activados tras cada amenaza.
Reclamos económicos a familias en seis departamentos
Las intimaciones se realizaron en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. Según informaron las autoridades, los montos varían según el despliegue de recursos en cada caso.
Uno de los episodios reflejó el impacto de estas medidas: una abuela cuestionó a su nieto al momento de la notificación, luego de que la Policía informara que debía afrontar un pago superior a los 5,8 millones de pesos por el operativo.
Plazos de pago y posibles sanciones civiles
Las notificaciones incluyen el detalle de la deuda y los medios de pago disponibles. El plazo establecido es de cinco días para abonar. En caso de incumplimiento, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que “no es una multa ni una pena, sino una deuda civil”, lo que habilita medidas como embargos de sueldo o inhibiciones de bienes.
Cómo se calculan los costos de los operativos
El monto que debe afrontar cada familia se determina en base a los recursos utilizados en cada intervención. Esto incluye movilización policial, combustible, uso de vehículos, brigadas especializadas —como explosivos— y horas de servicio.
El ministro Pablo Cococcioni explicó que el objetivo es recuperar el gasto exacto: “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo de cada operativo”.
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