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Su puesta en marcha transformó sustancialmente el funcionamiento de la Justicia Penal en la provincia.
Desde el 10 de febrero de 2014 los procesos penales se caracterizan por la oralidad, la celeridad, la publicidad y por ajustarse a la Constitución Nacional y a lo normado en los tratados internacionales. Las víctimas, por su parte, comenzaron a tener un rol preponderante.
Se cumplen hoy tres años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. Su puesta en marcha implicó transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la Justicia Penal santafesina.
El nuevo sistema se caracteriza por la oralidad, la celeridad, la publicidad y por ajustarse a los mandatos de la Constitución Nacional y a lo normado por los tratados internacionales en la materia. Además, las personas que fueron víctimas de delitos tienen un rol preponderante y cuentan con el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales. Por su parte, a raíz de la publicidad que garantiza la nueva Justicia Penal, los medios de comunicación masiva también adquirieron un papel central en el proceso de circulación de información en la sociedad.
Historia
La génesis de los cambios remite a mediados de la década del 80. En aquellos años, un minoritario grupo de jueces y referentes académicos, intentaron advertir la necesidad de la transformación. Sin embargo, no tuvieron éxito.
Debieron transcurrir más de 25 años. Recién en 2007 la Legislatura provincial convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal. Un año antes, se había aprobado el denominado Plan Estratégico para la Justicia de Santa Fe. En 2008, los senadores y diputados santafesinos aprobaron la ley de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El 15 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo definió que el 10 de febrero de 2014 sería la fecha en la que se pondría en marcha el nuevo sistema.
Nuevos actores
Con el nuevo sistema, aparecieron en escena nuevos actores. El Ministerio Público de la Acusación con sus fiscales, responsables de instar la acción penal y de orientar a las víctimas. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con sus defensores, quienes garantizan los derechos de los imputados. Y los jueces: ahora en su rol de velar por el normal funcionamiento del sistema.
Asimismo, los abogados particulares santafesinos –ya sea como defensores privados o como patrocinadores de la parte querellante–comenzaron a tener un papel central que en el viejo sistema penal no tenían.
Datos
Los tres primeros años de funcionamiento muestran avances muy significativos.
En las investigaciones iniciadas por el MPA a raíz de homicidios cometidos en la provincia, el índice de individualización formal llegó a 63,7%. Es decir, en 6 de 10 casos de homicidios, hay al menos una persona identificada como presunto autor del hecho. Este porcentaje coloca a Santa Fe a la altura de los estándares internacionales. Tanto los datos acerca de Estados Unidos, como los trabajos realizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) muestran una tasa de esclarecimiento de homicidios que oscila entre 60 y 64%.
La cantidad de juicios orales y públicos muestran un crecimiento sostenido. El primer año de funcionamiento del nuevo sistema se realizaron 10 juicios orales y públicos. En 2015 el número se triplicó y fueron 35. Mientras que en 2016, la cantidad se duplicó en relación a 2015 y llegó a 62.
En tanto, la presencia territorial del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe se incrementó notablemente. En la actualidad, con más de 20 dependencias del MPA en 17 de los 19 departamentos, los ciudadanos de toda el territorio santafesino cuentan con una dependencia del Poder Judicial próxima a su domicilio.
En relación a sus recursos humanos, el MPA cuenta actualmente con 122 fiscales y fiscales adjuntos. Si bien es una cantidad importante, aun sigue sin alcanzar las recomendaciones internacionales acerca de la cantidad de fiscales en relación a la cantidad de habitantes.
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