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La medida se resolvió durante el encuentro que el Fiscal General Jorge Baclini mantuvo esta mañana con representantes del sindicatos de empleados judiciales.
Esta mañana, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, convocó a representantes del gremio de empleados judiciales de la provincia tras la polémica que se generó el fin de semana en torno al llamativo nombramiento de 195 empleados en distintos cargos del flamante Organismo de Investigaciones (OI), cuerpo especial que asiste técnicamente a los fiscales del MPA.
Durante el encuentro, Baclini informó al gremio que decidió suspender la vigencia de la Resolución 0023/19 a través de la cual se establece el traspaso de los casi 200 empleados de distintos ministerios del poder ejecutivo (de seguridad, de justicia y derechos humanos y hasta del ministerio de salud) a la órbita del poder judicial.
La reunión contó con la participación del secretario General, Jorge Perlo; el secretario Ejecutivo, de Administración y Supervisión, Juan Pablo Langella; el prosecretario General, Alejandro Nucci y el prosecretario de Asuntos Gremiales, Cristian Bustamante.
Al finalizar el encuentro, Juan Pablo Langella dialogó con el móvil de LT10 y calificó a la reunión como "positiva" debido a la posición adoptada por Baclini. Además, confirmó que el fiscal general se comprometió a generar una mesa de diálogo durante la próxima semana "para tratar de que entre todos, conformemos el mejor organismo criminalístico de apoyatura del MPA".
"Entendemos que el derecho nos asiste y que la resolución violaba la carrera judicial", indicó Langella. Al mismo tiempo, informó que el sindicato hará un "control de legalidad" del expediente: "Queremos ver quién es quién, y si tiene la idoneidad para ingresar al Poder Judicial y en particular al organismo técnico".
"Si cumple con ese requisito y el régimen de promoción y ascenso del trabajador judicial, acompañamos en todo", remarcó.
El gremio denuncia que el personal designado entró “por la ventana”, es decir, sin respetar el concurso de ingreso, lo cual perjudicaría directamente a los trabajadores del Poder Judicial. Pero, además, varias de las personas beneficiadas con los nombramientos en categorías altas están vinculadas con el gobierno provincial.
"Acá están queriendo entrar gente por la ventana. Y la verdad es que no me interesa quienes son, para mi son personas que quieren meter sin rendir concurso alguno, lo que atenta contra la carrera judicial", dijo el secretario del Sindicato de Judiciales, Jorge Perlo, al diario Rosario/12.
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