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JUL
Trabajadores judiciales rechazan la autonomía del MPA

“Queremos que se respete nuestra carrera, nuestro régimen salarial y el derecho que nos asiste como trabajadores judiciales que ingresamos por concurso”, afirmó el secretario gremial Juan Pablo Langela.

En el marco del debate por la reforma constitucional en Santa Fe, trabajadores y trabajadoras judiciales se hicieron presentes este martes en el recinto donde sesionan los convencionales con el objetivo de rechazar la posible escisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública del Poder Judicial.


“Queremos que se respete nuestra carrera, nuestro régimen salarial y el derecho que nos asiste como trabajadores judiciales que ingresamos por concurso”, afirmó el secretario gremial Juan Pablo Langela.


Según explicaron, el actual diseño institucional ya garantiza autonomía y autarquía presupuestaria tanto al MPA como a la Defensa, establecidas por la ley de presupuesto.


“Decir que hoy no cuentan con independencia es falso. Lo que está en juego es la estabilidad de quienes trabajamos ahí y los contrapesos del sistema republicano”, advirtió Langela.


El sindicato mantuvo reuniones con los distintos bloques de convencionales para expresar su preocupación y sostienen que “sacar al MPA del Poder Judicial es debilitarlo. Lo dejaría a merced del gobierno de turno, sin protección frente a los vaivenes políticos”, comentó el referente gremial.


También cuestionaron la postura de la titular del MPA, María Cecilia Vranicich , a quien acusaron de avanzar sin diálogo con el personal, “no consultó a los trabajadores, no abrió instancias de debate y pretende una reforma que vulnera derechos laborales”, denunció Langela.


El gremio exige que, en caso de avanzar con cambios, cualquier definición quede expresamente incluida dentro del capítulo 2 del Poder Judicial en la nueva Constitución provincial, de esta manera evitan que el MPA sea considerado como un “extra poder”.


“Lo que se busca desde el MPA es un poder autónomo, pero sin garantías. Y eso pone en riesgo no solo nuestros derechos, sino también el funcionamiento de la justicia en su conjunto”, concluyó Langela.



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